Un youtuber colombiano ingresó como “turista” a la cárcel de San Pedro en La Paz y tomó imágenes del expresidente Luis Arce sin su consentimiento. A través de un video difundido en redes sociales, se observa al exmandatario sentado frente a una mesa conversando con tres personas —dos mujeres y un varón—, quienes presuntamente estarían de visita.
“La cárcel de San Pedro tiene secciones; en este momento estamos en la sección llamada La Posta. En este lugar específicamente es donde se encuentra un expresidente boliviano, justo antes del que está ahorita”, afirma el creador de contenido PlanetaJuan mientras se ven imágenes de Arce, detenido preventivamente desde mediados de diciembre en el marco de una investigación por el supuesto abandono de una mujer embarazada.
La difusión de este video expuso la persistencia de los recorridos turísticos dentro de la cárcel pese a que están prohibidos. La polémica generada tras la viralización del material provocó que la Policía iniciara una investigación para determinar la forma en la que el visitante entró al penal y la autorización que obtuvo para realizar la grabación, considerando que no está permitido el ingreso de celulares.
El coronel César Andia, director del recinto penitenciario, indicó en entrevista con el canal Unitel que las imágenes fueron grabadas antes de su designación, en el mes de enero, y que se solicitaron informes correspondientes para identificar a los responsables. Según el coronel, el policía que aparece en el video junto al youtuber, aparentemente guiándolo dentro del penal, fue removido de su cargo.
Infobae solicitó una entrevista al Ministerio de Gobierno e hizo llegar un cuestionario para conocer si existen modificaciones al reglamento de visitas y uso de teléfonos celulares en la cárcel, así como las acciones que se van a implementar para proteger la privacidad de los reos. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota, no se emitió una respuesta.
Ubicada en el centro de La Paz, la cárcel San Pedro es uno de los centros penitenciarios con mayor hacinamiento en América Latina. Fue inaugurada en 1895 como un centro penitenciario moderno de la época y estaba diseñada inicialmente para albergar a unos 400 reclusos. Estimaciones recientes señalan que hay más de 3.500 personas viviendo ahí y que se hicieron modificaciones precarias en la infraestructura, como la división de celdas o la construcción de pequeños espacios en los techos.
Diversos informes de la Defensoría del Pueblo de Bolivia y de organismos internacionales han advertido sobre las condiciones críticas del sistema penitenciario, marcadas por el hacinamiento, la falta de control estatal y las limitaciones en el acceso a servicios básicos.
En el caso de San Pedro, reportes oficiales señalan niveles de sobrepoblación que superan ampliamente su capacidad instalada, lo que deriva en prácticas informales como el alquiler de espacios, la autogestión interna y la desigualdad en las condiciones de vida entre los reclusos.
Estas características, sumadas a las restricciones en el control de ingresos y objetos prohibidos, han sido identificadas como factores que vulneran derechos fundamentales y evidencian falencias persistentes en la administración y supervisión del sistema carcelario boliviano.
A pesar de ser un problema estructural en Bolivia, recibe poca atención de los gobiernos que hacen poco más que declarar amnistías periódicamente para reducir el hacinamiento. El presidente Rodrigo Paz, que asumió funciones en noviembre, manifestó su interés en ampliar la capacidad de las prisiones al relatar un diálogo informal con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tras haber ganado las elecciones: “Me sorprendió por teléfono. Una persona muy franca, muy directa (…) le dije ‘ayúdame con las cárceles que vamos a necesitar muchas acá’”, contó Paz en una entrevista televisiva.
Sin embargo, no se ha difundido ninguna estrategia seria para resolver estructuralmente la precariedad y el hacinamiento en los recintos penitenciarios.