La reciente orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que impone aranceles a los países que abastecen de petróleo a Cuba, deja al régimen de Miguel Díaz-Canel al borde del colapso.
En diálogo con Infobae, Rolando Cartaya, investigador del Observatorio Cubano de Conflictos, describió que “el único petróleo que ha estado llegando a la isla es el de México, que no cubre las necesidades cubanas, pero le ha permitido al régimen ofrecer ‘alumbrones’ luego de apagones de 12 a 15 horas en La Habana, que es un polvorín social”.
Cartaya señaló que la decisión estadounidense puso en jaque la estrategia energética de la dictadura de Miguel Díaz-Canel. “La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha estado alegando que envía petróleo a Cuba por razones humanitarias, pero la agencia Reuters reveló que ha estado considerando cortar el suministro y de hecho suspendió un embarque reciente. No creo que esté dispuesta a asumir los aranceles punitivos de Trump”, señaló.
El investigador del observatorio apuntó que la situación financiera del régimen ofrece margen de maniobra, aunque limitado. “La Habana dispone de reservas de unos 14.500 millones de dólares, como demostró el Miami Herald en una investigación sobre las finanzas del grupo militar GAESA; y ha estado involucrada por años en el comercio ilegal de petróleo, incluso revendiendo hasta el 60% de lo que le enviaba Venezuela”, explicó Cartaya.
El impacto de la crisis energética se refleja en la vida cotidiana. “El país produce el 50% de sus necesidades de crudo, si bien es uno muy viscoso y de alto contenido de azufre que usa en las termoeléctricas”, describió. Además, mencionó que el gobierno prepara medidas extremas: “Un audio publicado ayer de una reunión urgente en el sector bancario indica que están diseñando planes de contingencia: solo tendrán dos horas de corriente al día, la mayoría de los empleados quedarán ‘interruptos’ y solo funcionará un banco por municipio”.
Consultado sobre la estabilidad política, Cartaya aseguró que “es un régimen que no dispone ya de capital político ni credibilidad, y logra sus objetivos de proyectar un falso apoyo popular mediante la compulsión represiva”. Y añadió: “Hemos visto mensajes recientes de amenazas a los estudiantes que no participen en los actos políticos y los sábados de preparación combativa”.
El Observatorio Cubano de Conflictos registró un aumento de las manifestaciones. “Nuestro monitoreo mensual de las protestas y denuncias indica que el pueblo cubano, inmerso en una brutal crisis humanitaria que incluye falta de electricidad, agua, alimentos y medicinas, está harto de ellos, les piden abiertamente en redes sociales, en directas de Facebook e incluso en protestas presenciales, que entreguen el poder o se larguen”, afirmó.
Cartaya destacó el papel de los cortes eléctricos en la movilización social. “Los cortes eléctricos han sido el factor que más ha irritado a los cubanos a través de los años, porque supone no poder dormir, no poder conservar los alimentos, no poder cocinar, afectan el bombeo de agua y entonces esos apagones han repercutido en muchas protestas presenciales”, detalló.
Luego relató que, en noviembre y diciembre, hubo “más de 10 protestas de este tipo” cada mes; y recordó incidentes recientes: “En el municipio habanero de Marianao los manifestantes prendieron barricadas en la calle y le lanzaron botellas a la policía, y algo parecido acaba de ocurrir en el municipio de La Lisa”.
Sobre la respuesta oficial, Cartaya detalló: “La represión se mantiene alta. En noviembre, seis personas en el municipio de Encrucijada, provincia de Villa Clara, fueron condenadas a penas de 3 a 8 años de prisión por pedir corriente y tocar cacerolas”.
También alertó sobre la posibilidad de una escalada represiva: “Hay una ley de defensa nacional de 1994 que en el artículo 10 le permite al consejo nacional de defensa ‘regular’ las libertades y derechos que están recogidas en la Constitución. Podrían declarar perfectamente toques de queda y detener a personas sin ningún pretexto”.
El activista remarcó la existencia de una medida oficial para el control social: “Han diseñado un plan de contingencia llamado Baraguá, por el cual en caso de una confrontación con Estados Unidos podrían no darles la libertad a los presos políticos, sino concentrarlos, aislarlos y dice ‘neutralizarlos’, e incluso tomarlos como rehenes para negociar”.
Cartaya ve a la sociedad cubana al límite: “La rebeldía latente contra los apagones es mayor que contra cualquier otra de las privaciones que sufren los cubanos”. Y recordó el papel de la conectividad digital en el estallido de 2021: “En la revuelta nacional del 11 de julio de 2021 sucedió que internet funcionó como un aglutinante. Por ahora ellos tienen el control de internet, lo pueden quitar a voluntad y selectivamente, pero si se pudiera pasar por encima de eso pues ya sería un factor de unidad para todo el país”.
Por último, sobre el futuro inmediato, advirtió: “Serían capaces (el régimen) de reaccionar conforme a su naturaleza carnívora frente a un 11J 2.0. Esperamos que, si eso sucede, la administración Trump responda como lo está haciendo ante la reciente matanza de manifestantes por el gobierno teocrático de Irán”.