En Caracas, un tribunal dictó la condena a 30 años de prisión para los acusados de participar en el asalto armado al Fuerte Paramacay, situado en el estado Carabobo, en el norte de Venezuela, un hecho ocurrido en 2017.
Así lo reportó la organización no gubernamental Foro Penal, dedicada a la asistencia y defensa de presos políticos en el país.
De acuerdo con lo informado por Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, la decisión judicial recayó sobre “todos los acusados en el caso Paramacay”, incluyendo a personas que permanecían fuera de prisión bajo medidas cautelares.
Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) detalló que 23 personas recibieron sentencia por su vinculación a este asalto, 17 de las cuales llevaban detenidas más de ocho años, mientras otras seis afrontaban procesos judiciales con restricciones.
Según las declaraciones de la JEP recogidas por la agencia EFE, familiares de los sentenciados expresaron que la decisión fue emitida “en medio de un proceso que desatendió en todas sus partes las normas del debido proceso”.
La organización sostuvo que estos fallos forman parte de un esquema donde la estructura jurídica solo opera “como una fachada”. El comunicado añade: “Al vulnerar reiteradamente el debido proceso, se rompe el pacto social básico que protege al ciudadano frente al poder del Estado, y se marca un precedente peligroso en el que la indefensión se institucionaliza”.
El ataque al Fuerte Paramacay tuvo lugar en agosto de 2017, cuando un grupo de militares insurrectos extrajo un centenar de fusiles y varios lanzagranadas de las instalaciones de la Brigada 41 en Valencia, capital del estado Carabobo.
Los insurgentes huyeron tras el asalto, escoltados por un grupo de civiles, aunque dos de ellos murieron durante el operativo militar realizado por soldados leales a la dictadura de Nicolás Maduro. Las autoridades aprehendieron a siete participantes esa misma jornada.
Durante los hechos, circuló un video en el que varios hombres uniformados y armados aparecen junto al “capitán Juan Caguaripano”, quien anunció su decisión de declararse en rebeldía contra lo que denominó la “tiranía asesina de Nicolás Maduro”. De acuerdo con las palabras de Caguaripano, la acción pretendía restablecer el orden constitucional y detener la destrucción del país, y no buscaba ser un golpe de Estado.
El momento de Venezuela es devastador. En la misma semana en que se dictó la sentencia, la JEP alertó sobre el “deterioro físico progresivo” y la “crítica situación de salud” de al menos 91 presos políticos en centros penitenciarios venezolanos.
Según información de Martha Tineo, coordinadora general de la organización, existen al menos ocho personas con cáncer avanzado, casos de insuficiencia renal irreversible y más de 20 internos con enfermedades cardíacas, en todos los casos asociados a la “negación sistemática de atención médica, incumplimiento de tratamientos y condiciones insalubres” en los centros de reclusión.
(Con información de EFE)