El gobierno de Noboa informó que EEUU eliminó el arancel del 15% impuesto a 105 productos ecuatorianos

Washington suprimió esa tasa a exportaciones clave como cacao, café, frutas tropicales y banano, mientras Quito aceptó reducir barreras comerciales y evaluar reformas regulatorias

Donald Trump se reunió con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en su residencia de Mar-a-Lago
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió con Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago el pasado 29 de marzo
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El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador confirmó este sábado que el Gobierno de Estados Unidos eliminó el arancel del 15% impuesto bajo la administración de Donald Trump a 105 productos ecuatorianos, medida que entró en vigor el jueves, tras el acuerdo alcanzado ese mismo día entre ambas naciones.

De acuerdo con la Casa Blanca, esta disposición implica la supresión de gravámenes a exportaciones ecuatorianas consideradas esenciales y que Estados Unidos no produce ni obtiene de manera suficiente para satisfacer su propio consumo interno. Entre los artículos beneficiados se encuentran café, cacao, piña, mango, pitahaya, frutas tropicales, jugos, especias, banana, palmito, plátano, naranja y tomate, entre otros. El Ministerio ecuatoriano informó que la decisión comenzó a aplicarse de inmediato desde el jueves pasado.

Como parte de la misma negociación, el acuerdo establece compromisos por parte de Ecuador. Según lo detalló el Gobierno estadounidense, Ecuador se comprometió a reducir o eliminar aranceles en sectores de interés para Estados Unidos, como maquinaria, productos de salud, bienes de tecnologías de la información y comunicación (TIC), químicos, motores de vehículos y determinados productos agrícolas.

Además, Ecuador evaluará la supresión de lo que Estados Unidos define como “barreras no arancelarias”, que afectan el intercambio comercial, particularmente en áreas identificadas como prioritarias por Washington. Entre estas barreras, la Casa Blanca mencionó reformas en los sistemas ecuatorianos de licencias de importación y registro de instalaciones para productos alimenticios y agrícolas. Ecuador se comprometió a mejorar la transparencia y la previsibilidad de estos procesos y, específicamente, a no restringir el acceso a su mercado en función del uso de determinados términos relacionados con el queso y la carne.

El Gobierno de Ecuador indicó este sábado que aún mantiene en curso un proceso de negociación con Estados Unidos respecto a varios productos, proceso que se encuentra sin concluir. En 2024, la balanza comercial ecuatoriana con Estados Unidos arrojó un déficit de USD 644,5 millones, de acuerdo con datos del Banco Central de Ecuador. Las exportaciones alcanzaron USD 7.024 millones, mientras que las importaciones sumaron USD 7.668 millones. No obstante, descontando el petróleo y sus derivados del cálculo, el saldo comercial fue positivo para Ecuador, con un superávit de USD 2.306 millones sobre exportaciones por USD 5.043 millones e importaciones por USD 2.737 millones.

Noboa recibió a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en la base aérea Eloy Alfaro, en Manta (Ecuador), el 5 de noviembre de 2025 (Alex Brandon/REUTERS)
Noboa recibió a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en la base aérea Eloy Alfaro, en Manta (Ecuador), el 5 de noviembre de 2025 (Alex Brandon/REUTERS)

En otro acuerdo relevante alcanzado el viernes, Estados Unidos anunció un convenio con Ecuador para garantizar el traslado “digno, seguro y temporal” de ciudadanos de terceros países, solicitantes de asilo, hacia territorio ecuatoriano, según documentos difundidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esta medida se enmarca en el endurecimiento de las políticas migratorias implementadas por el presidente Trump y responde al objetivo de Washington de reducir el número de migrantes en su territorio.

A partir de la inclusión de Ecuador como “tercer país seguro” —como ya ocurre con Paraguay o Belice—, el país andino recibirá a migrantes que se encuentren en trámites de asilo en Estados Unidos hasta la resolución definitiva de su estatus de protección internacional. El Departamento de Estado estadounidense justificó estos acuerdos con la intención de “poner fin al abuso del sistema de asilo”, compartiendo la “carga” que supone la gestión de la migración irregular.

La documentación diplomática intercambiada por ambos países en julio y hecha pública este viernes por el DHS establece que Ecuador se compromete a no devolver a ninguna persona trasladada desde Estados Unidos a su país de origen o residencia habitual hasta que se dictamine una decisión definitiva sobre su petición de protección. El texto dispone que el acuerdo puede ser rescindido en cualquier momento por cualquiera de las partes mediante notificación previa y no contempla aporte económico alguno a Ecuador por la acogida de migrantes. Además, prohíbe la deportación de menores de edad no acompañados.

Durante la visita en septiembre del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a Ecuador, las autoridades se comprometieron a recibir hasta 300 migrantes al año, aunque esa cifra no se incluye en el texto oficial. La Embajada de Estados Unidos en Ecuador reiteró al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ecuatoriano las garantías diplomáticas en torno a este acuerdo. Una vez que el documento, negociado del 16 al 23 de julio, sea publicado en el Boletín Oficial este lunes, entrará en vigor formalmente.

La Casa Blanca precisó que Ecuador podrá aceptar en forma total o parcial los envíos de grupos de solicitantes de asilo y que el país sudamericano determinará el destino de aquellos que desistan de sus solicitudes durante su estancia. Ambas partes declararon su disposición para cumplir las obligaciones asumidas bajo la Convención de Refugiados de Ginebra de 1951. Estados Unidos ha firmado acuerdos similares con países como Belice, El Salvador, Uganda, Sudán del Sur y Ruanda.

La Administración Trump comunicó, además, una rebaja en la admisión anual de refugiados, limitando el número a 7.500 personas, una reducción significativa respecto a las más de 100.000 aceptadas durante la presidencia de Joe Biden entre 2021 y 2025.

(Con información de AFP, EFE y EP)

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