La organización narcoterrorista Los Lobos ha consolidado una nueva estrategia de control territorial en la provincia de Manabí, donde combina la violencia tradicional del narcotráfico con tácticas de infiltración institucional.
Según reveló una investigación del medio ecuatoriano Primicias, en los últimos tres meses miembros de esta banda se hicieron pasar por policías para ejecutar falsos allanamientos en Portoviejo y Pichincha, robando casas y extorsionando a las víctimas. La Policía Judicial (PJ) contabiliza al menos una docena de robos cometidos bajo esta modalidad.
El 8 de octubre, una operación policial en Portoviejo permitió detener a siete personas —entre ellas dos menores de edad— acusadas de integrar la célula de Los Lobos que fingía operativos judiciales para ingresar a domicilios. En su poder se hallaron cuatro pistolas, dos fusiles, chalecos antibalas, herramientas de irrupción y uniformes similares a los de unidades tácticas como el GIR. Uno de los revólveres había sido robado previamente a un servidor policial en Quito.
De acuerdo con declaraciones recogidas de Primicias, el jefe de la PJ en Manabí, Carlos Endara, el grupo contaba con una logística casi idéntica a la de la Policía Nacional. “Había planificación, perfilamiento de víctimas y posible participación de algún miembro de la institución”, señaló. Tras su detención, la fuerza pública investiga si los implicados también estarían vinculados con asesinatos y extorsiones. Endara añadió que la estructura delictiva no solo robaba pertenencias, sino también vehículos, que luego eran usados para chantajear a las víctimas o desmantelados para la venta de partes.
Estos hechos confirman el desplazamiento de las operaciones de Los Lobos hacia Manabí, una provincia estratégica para el narcotráfico por su acceso a puertos y rutas marítimas. Según un informe reciente de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), la organización ha tejido alianzas con facciones disidentes de los Chone Killers y Tiguerones, lo que ha reconfigurado el mapa criminal del país.
Tras la captura en España de William Joffre Alcívar Bautista, alias Negro Willy, líder de los Tiguerones, y el asesinato de Benjamín Camacho, alias Ben 10, de los Chone Killers, Los Lobos aprovecharon el vacío de poder para expandirse en territorios antes dominados por sus rivales. El GI-TOC describe un “nuevo ciclo de violencia dispersa y volátil” que tiene a Manabí, Los Ríos y Guayas como los principales escenarios de disputa.
El documento advierte que, si bien algunas alianzas criminales podrían reducir temporalmente los enfrentamientos, la consolidación de Los Lobos representa un riesgo mayor para las comunidades locales. Las disputas por liderazgo, la diversificación de economías ilegales —como la minería y la extorsión— y la capacidad del grupo para operar fuera de las cárceles evidencian su transformación en una estructura con características de cártel híbrido.
En Manabí, esa mutación se expresa en una mezcla de control social y violencia simbólica. “La comunidad percibía que los operativos eran reales porque estos sujetos actuaban con equipos tácticos y vehículos similares a los de la fuerza pública”, reconoció Endara, quien alertó que la población debe exigir siempre identificación a los uniformados.
El auge de falsos allanamientos ocurre en un año en que Manabí vive su peor registro de homicidios: 2025 ya es el año más violento de su historia reciente. Las autoridades relacionan el incremento con la guerra entre Los Lobos y remanentes de los Choneros, debilitados tras la extradición de su líder, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito.
En este contexto, la estrategia de Los Lobos combina el uso del terror –algo que no es raro pues es considerada la banda más violenta del país– con mecanismos de infiltración institucional. A través de la compra o robo de uniformes y armamento policial, el grupo busca sembrar desconfianza en la población y debilitar la legitimidad de la fuerza pública. La violencia se fragmenta, pero también se sofisticó: ya no depende solo de enfrentamientos armados, sino de la manipulación de símbolos de autoridad.
El patrón, según analistas, confirma que el crimen organizado ecuatoriano atraviesa una fase de “gobernanza criminal” en la que las organizaciones imitan estructuras estatales para legitimar su presencia en comunidades vulnerables.