Detienen a ex cura que llevaba 17 años escondido en Uruguay: está denunciado por múltiples abusos sexuales en Bolivia

El ex sacerdote logró estar oculto en la casa de sus padres y ahora permanecerá detenido hasta que Bolivia procesa con la extradición

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Una iglesia en Tapacarí, en Bolivia (@LawiLawita)
Una iglesia en Tapacarí, en Bolivia (@LawiLawita)

El ex sacerdote uruguayo Juan José Sant’Anna, denunciado por abusar sexualmente de 30 niños que tenía bajo su cuidado en un internado en Bolivia, llevaba 17 años viviendo en la casa de sus padres en Salto, un departamento de Uruguay limítrofe con Argentina. Esto fue así hasta este viernes, cuando la Policía llegó hasta su casa a detenerlo, informó el diario El País.

El ex cura estaba en el fondo de su casa, arreglando las plantas, cuando llegó un agente a preguntar por él. Le dijo que debía acompañarlo a la jefatura para tomarle declaración. La tranquilidad del barrio se vio sacudida por la presencia de los patrulleros. A Sant’Anna se lo llevaron esposado.

La detención se da un mes después de una investigación periodística del diario El País, que fue al encuentro del ex sacerdote. Llevaba 17 años viviendo en el mismo lugar sin que nadie vaya a buscarlo. Tenía una vida reservada. Estaba todo el día encerrado en su casa y, solo en algunas ocasiones, salía a caminar algunas cuadras cuando estaba por caer el sol. En estos 17 años ha recibido a tres periodistas que le han pedido explicaciones por sus acusaciones. Él ha admitido esas situaciones, aunque también ha intentado esquivar el tema.

Distrito Tapacarí, en Bolivia (Tapacarí Gob)
Distrito Tapacarí, en Bolivia (Tapacarí Gob)

Los abusos por los que es acusado Sant’Anna ocurrieron en Tapacarí, una localidad pobre de apenas 23.000 habitantes cercana a Cochabamba. Tiene calles de piedra y tierra, y casas de barro y madera. Hasta allí llegó el uruguayo en 2005, cuando tenía 36 años. Dirigía el ala masculina del Internado Ángel Gelmi, que albergaba a 72 varones de entre 8 y 17 años.

En noviembre de 2007 se conocería una cara oculta del por entonces todavía sacerdote. En ese mes, el arzobispo de Cochabamba, Tito Solari, convocó a una conferencia de prensa en la que no respondió preguntas. Tenía una noticia dolorosa para comunicar. “Uno de nuestros sacerdotes ha cometido abusos deshonestos contra menores albergados en uno de nuestros internados”, dijo el obispo.

Salari pidió perdón y se comprometió a colaborar con la investigación penal. Además, ofreció ayuda psicológica a las víctimas y anunció el inicio del trámite para la expulsión del cura de la Iglesia Católica, lo que se concretaría en 2011. Cuando Solari dio la conferencia, Sant’Anna ya había escapado.

La ciudad de Salto, en Uruguay (OPP)
La ciudad de Salto, en Uruguay (OPP)

¿Cuáles eran los abusos de este cura? El sacerdote invitaba a niños y adolescentes de entre seis y 18 años de un internado rural a ver videos a su cuarto, los encerraba con llave y los sometía a prácticas sexuales, desde la masturbación hasta el sexo anal. Sant’Anna fue denunciado por delitos de violación, violación inconsistente y abuso deshonesto. La Justicia boliviana lo declaró rebelde e Interpol lo halló en la ciudad uruguaya. Pero el cura siempre siguió libre hasta este fin de semana.

Cuando la periodista uruguaya fue al encuentro del sacerdote, su reacción fue la de callar. “Yo no sé qué decirles… Preferiría no decir nada. Y con todo el tiempo que ya pasó, con más razón todavía, ¿no?”, respondió. “No voy a hablar de esto. Es muy difícil, es muy doloroso. Lo único que puedo decir es muy doloroso y sigue siendo muy doloroso. Sería volver a resolver y generar un dolor”, señaló.

Con la revelación de su paradero en el diario uruguayo, la Justicia consideró que debía reactivarse la orden de captura y se emitió una alerta roja de Interpol que fue ejecutada en Uruguay el viernes. El sábado, Sant’Anna tuvo una audiencia de control de detención en un juzgado de Montevideo.

La fiscal de Delitos Sexuales Daniela Revello declaró a El País que el ex sacerdote va a permanecer detenido hasta que Bolivia proceda con su extradición. Este país tiene 30 días para actuar. La causa ya tiene un fiscal asignado en el municipio boliviano de Quillacollo y en el lugar esperan que la extradición se concrete.

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