La ONG Foro Penal informó que el número de presos políticos en Venezuela asciende a 823 personas

Civiles y militares, mujeres y adolescentes, figuran entre quienes permanecen privados de libertad en medio de denuncias de irregularidades electorales y creciente presión de la comunidad internacional

El último informe de Foro Penal reporta 823 personas detenidas por causas políticas en Venezuela

El último balance difundido por la organización no gubernamental Foro Penal indica que, hasta el 8 de septiembre, se contabilizan 823 personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela. Este dato, divulgado por la ONG mediante su cuenta oficial en la red social X, aporta un panorama detallado de la situación de la represión política en el país.

Según el reporte, de las personas detenidas, 723 son hombres y 100 son mujeres, mientras que la cifra incluye 653 civiles y 170 militares. Frente a la diversidad de origen de quienes están bajo custodia, destaca la presencia de cuatro adolescentes y 91 personas extranjeras.

Un elemento relevante del balance es el momento en que ocurrieron las detenciones. De acuerdo con la información de la agencia EFE, los arrestos se concentran principalmente después de las elecciones presidenciales celebradas en julio de 2024.

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Tras ese proceso, el órgano electoral confirmó la continuidad de la dictadura de Nicolás Maduro, mientras que la Plataforma Unitaria Democrática, coalición opositora, denunció irregularidades y fraude en el desarrollo de los comicios.

Tras la reelección de Maduro, aumentó el número de personas encarceladas por actividades políticas (Foto AP/Ariana Cubillos)

El análisis de Foro Penal desglosa la situación judicial de quienes se encuentran encarcelados. Solo 156 personas han recibido condena, en tanto que la mayoría, 667, continúa en prisión sin sentencia firme.

El registro incluye casos de recientes ingresos carcelarios y de individuos excarcelados que, aunque han salido recientemente de prisión, todavía son considerados privados de libertad debido a que conservan otras restricciones legales sobre su movilidad o derechos.

Otro aspecto inquietante es la indeterminación sobre el paradero exacto de 45 personas incluidas en el listado. La falta de información sobre la ubicación y el estado de estos detenidos refuerza la preocupación en torno a la opacidad de los procedimientos judiciales y la ausencia de garantías procesales plenas. La ONG subraya que estas situaciones elevan el riesgo de abusos y de vulneración de derechos humanos en centros de reclusión y espacios de detención provisional.

Entre los detenidos, 719 permanecen encarcelados sin haber recibido condena (EFE/ Miguel Gutiérrez)

A lo largo de la última década, el recuento de Foro Penal muestra que desde 2014 se han producido 18.486 detenciones relacionadas con causas políticas.

Entre quienes recibieron apoyo legal de la organización, más de 14.000 recuperaron su libertad después de enfrentar procesos ante instancias judiciales o administrativas.

Sin embargo, la ONG alerta que al menos 9.000 personas permanecen sujetas a medidas restrictivas de libertad de carácter arbitrario, siendo obligadas a cumplir condiciones como la presentación regular ante tribunales o el arresto domiciliario.

Foro Penal aclara que las cifras en sus informes reflejan solo a quienes siguen encarcelados formalmente, sin hacer visibles a quienes atravesaron detenciones transitorias o fueron liberados bajo otras restricciones distintas a la prisión.

Consciente de la importancia de la verificación externa, la organización remite periódicamente sus balances a entidades internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que utilizan esta información para monitorear violaciones a derechos fundamentales y formular recomendaciones a las autoridades venezolanas.

La respuesta oficial ante estas denuncias se mantiene invariable. Funcionarios como el dictador Nicolás Maduro y el fiscal general Tarek William Saab insisten en que las detenciones obedecen a delitos comunes, desestimando la existencia formal de presos políticos. No obstante, la ONG sostiene criterios asociados a estándares internacionales, que consideran la participación política y la protesta social como elementos determinantes para definir la naturaleza de la detención.

(Con información de EFE)

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