La jueza del magnicidio de Fernando Villavicencio fue cuestionada por sus vínculos con el correísmo

La jueza María Daniela Ayala Álvarez, quien actualmente maneja el proceso por el asesinato de Fernando Villavicencio, enfrenta crecientes cuestionamientos por sus actuaciones y antecedentes. Desde la audiencia de formulación de cargos del 3 de septiembre de 2025, sus decisiones han generado dudas sobre la imparcialidad con la que conduce uno de los juicios más relevantes de la historia reciente de Ecuador. Una investigación de La Fuente – Periodismo de Investigación, medio fundado por el propio Villavicencio y hoy administrado por sus hijas, reveló que Ayala trabajó durante el correísmo y que mantiene vínculos con personajes implicados en causas de corrupción de alto perfil.

Su trayectoria en el sector público comenzó en el Ministerio de Trabajo y en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIESE), bajo la dirección de René Ramírez Gallegos. Más tarde, se vinculó al sector privado como gerente de Todernant, empresa relacionada con Juan Carlos Patiño Herdoíza, hijo de Conto Patiño y Beatriz Herdoíza. Tanto los Patiño como el expresidente Lenín Moreno están procesados en el caso Sinohydro. La relación de Ayala con la familia fue más allá de lo administrativo: ejerció como abogada de Conto Patiño en un juicio por obligaciones patronales. Este nexo resulta sensible porque Villavicencio, antes de su asesinato, denunció las irregularidades de la trama Sinohydro.

Las polémicas que rodean a Ayala no se limitan al pasado político y laboral. En 2024 estuvo en el centro de la controversia al negar prisión preventiva a un procesado por la difusión de más de 2.000 archivos de pornografía infantil, pese a la magnitud del caso y la cooperación internacional en la investigación. Su papel en el proceso por el magnicidio ha reavivado el debate: rechazó el pedido de la Fiscalía de ordenar prisión preventiva para todos los sospechosos y, en cambio, concedió a José Serrano, señalado como coordinador político del crimen, y a Xavier Jordán, identificado como financista, la obligación de presentarse semanalmente en consulados ecuatorianos. Solo a Ronny Aleaga, actualmente en Venezuela, y a Daniel Salcedo, ya recluido en Quito, se les dictó prisión preventiva.

La medida impuesta a Serrano y Jordán no tiene precedentes. Los consulados carecen de competencias judiciales. Para justificar su decisión, Ayala citó como antecedente el caso de Lenín Moreno, autorizado en su momento a presentarse en la Embajada de Paraguay dentro del proceso Sinohydro.

Sin embargo, especialistas sostienen que la comparación es inválida: Moreno enfrentaba un proceso por cohecho, un delito que puede juzgarse en ausencia, mientras que el magnicidio requiere obligatoriamente la presencia física de los imputados en Ecuador. El abogado Andrés Páez recordó que en 2018, en el caso Balda, la jueza Daniella Camacho rechazó una medida similar solicitada por Rafael Correa, precisamente porque las sedes diplomáticas no tienen atribuciones jurisdiccionales, según publicó La Fuente.

Más allá de lo procesal, la actitud de Ayala en la sala también generó críticas. Restó importancia a la intervención de un abogado defensor que llamó “sicarios de tinta” a los periodistas, calificando la expresión como “un recurso poético”. Además, llegó a afirmar que desconocía si Villavicencio era periodista. Su severidad se enfocó en cuestionar a la Fiscalía y advertir a la fiscal Ana Hidalgo sobre su imparcialidad y le recordó que la Fiscalía no es “un brazo político del gobierno de turno”.

Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023, a once días de las elecciones extraordinarias en las que Daniel Noboa pasó al balotaje junto a Luisa González. Los sicarios capturados fueron asesinados en la cárcel y más de un año después se sentenció a los autores materiales. Actualmente, el caso avanza con la investigación de los autores intelectuales.