El exasambleísta Pablo Muentes y los exjueces Fabiola Gallardo –que fue presidenta de la Corte Provincial del Guayas– y Johann Marfetán fueron sentenciados a 13 años y cuatro meses de prisión por el delito de delincuencia organizada en el caso Purga. La Corte Nacional de Justicia dictó la sentencia el 3 de marzo de 2025, tras una audiencia que duró más de seis horas y en la que se determinó que los tres lideraban una estructura de corrupción dentro del sistema judicial de la provincia del Guayas.
Según informó Primicias, el tribunal conformado por los jueces nacionales Felipe Córdova, Marco Aguirre y Daniela Camacho—quien actuó como jueza ponente—concluyó que los procesados dirigieron y ejecutaron un plan estructurado para controlar la justicia en la provincia. La sentencia señala que Muentes, Gallardo y Marfetán fueron declarados culpables como autores directos de la organización criminal, lo que implica que ejercieron el mando, la dirección y la planificación de los actos ilícitos investigados.
Además de la pena privativa de libertad, la Corte les impuso una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados (unos USD 9.400) y ordenó el decomiso de todos los bienes incautados durante la investigación. También se les impuso la pérdida de sus derechos de participación por 20 años. Otros siete procesados, incluidos jueces y funcionarios judiciales, fueron sentenciados a nueve años y cuatro meses de prisión por haber colaborado con la estructura de corrupción. En cambio, dos imputados que cooperaron con la Fiscalía recibieron penas reducidas de un año y cuatro meses de cárcel.
El caso Purga surgió como una ramificación del caso Metástasis, que reveló la influencia del narcotráfico en la política y el sistema judicial ecuatoriano. De acuerdo con la investigación, la estructura liderada por Muentes y Gallardo operaba en los tribunales del Guayas, donde se manipulaban sorteos judiciales, se vendían fallos y se ejecutaban acciones en beneficio de ciertos grupos de poder. Esta red de corrupción mantenía un “troll center” para atacar a quienes se oponían a sus intereses y utilizaba funcionarios dentro del sistema judicial para asegurar sentencias favorables a sus integrantes.
Uno de los episodios clave que expuso la operación de la organización fue el caso del Banco del Pacífico. Según la sentencia, Muentes y su esposa lograron que un juez emitiera un fallo a su favor en el que se ordenaba a la entidad bancaria pagarles casi cuatro millones de dólares, pese a que la pareja mantenía una deuda con el banco. Cinco días después de esa sentencia, el juez que resolvió el caso fue nombrado como magistrado en la sala penal de la Corte de Justicia del Guayas. La Fiscalía estableció que la entonces presidenta de la Corte, Fabiola Gallardo, facilitó ese ascenso como parte de la red de favores que controlaba la justicia provincial.
Otro hecho destacado durante el proceso fue la intervención de los acusados en el traslado del líder criminal Adolfo Macías, alias “Fito”, desde la cárcel de máxima seguridad La Roca hasta la prisión regional de Guayaquil, de donde luego se fugó. La investigación determinó que la jueza Gallardo contactó directamente al abogado de Macías para garantizarle un fallo judicial favorable. Además, se presentó evidencia de comunicaciones entre los integrantes de la red en las que se discutían pagos, nombramientos y estrategias para influir en procesos judiciales.
El testimonio de Mayra Salazar, exrelacionista pública de la Corte de Justicia del Guayas, fue clave para esclarecer el funcionamiento de la estructura. Salazar detalló cómo recibía pagos mensuales de USD 2.500 en efectivo de Muentes para operar la red de comunicación digital que protegía la imagen de Gallardo y del exasambleísta. Además, su teléfono celular contenía mensajes y audios que demostraban la coordinación entre jueces y funcionarios para manipular fallos judiciales.
Durante la lectura de la sentencia, la jueza Daniela Camacho enfatizó que la estructura criminal encabezada por Muentes, Gallardo y Marfetán tenía un nivel de jerarquía superior a la delincuencia común, lo que permitió su accionar sostenido en el tiempo dentro del sistema judicial. La magistrada también argumentó que se trataba de un caso grave de corrupción pública, pues los involucrados utilizaron sus cargos para enriquecerse y asegurar su impunidad.
Como parte de las medidas reparatorias, la Corte dispuso la publicación de la sentencia y la colocación de una placa en la Corte de Justicia del Guayas con la frase “la administración de justicia es gratuita”, en un intento de resarcir el daño causado a la institucionalidad del país. La Fiscalía había solicitado que la inscripción dijera “la justicia no es negociable ni está al servicio del poder”, pero el tribunal decidió modificar la redacción.
El caso Purga se suma a otras investigaciones sobre corrupción en el sistema judicial ecuatoriano, como los casos Metástasis y Plaga, que han derivado en la destitución de al menos 25 servidores judiciales. Según las autoridades, estas investigaciones han permitido evidenciar la penetración del crimen organizado en la justicia y la necesidad de una reforma profunda en el sistema.