El régimen de Nicaragua canceló este lunes la personería jurídica a la Asociación Cáritas Diocesana de Matagalpa (Cáritas de Matagalpa) y a otras 14 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, en medio de las tensiones entre la Iglesia católica y el régimen sandinista de Daniel Ortega.
La cancelación de la personalidad jurídica de Cáritas de Matagalpa, una de las ocho sucursales de Cáritas de Nicaragua, la pastoral social de la Iglesia católica, y de las otras 14 organizaciones fue aprobada en Managua por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
De las 15 ONG, el ministerio interior ilegalizó de forma unilateral a 6 de ellas, incluida Caritas de Matagalpa, cuyos bienes pasarán a manos del Estado, mientras que a las 9 restantes no se les aplicará esta medida porque solicitaron su disolución voluntaria.
Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, el Ministerio del Interior indicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría General de la República en el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua.
La cartera del Interior explicó que cerró de forma unilateral Cáritas de Matagalpa, cuya personalidad jurídica había sido otorgada en marzo de 2009, por “incumplimiento”, debido a que no reportaron sus estados financieros del periodo 2020 a 2023, y su junta directiva estaba vencida desde el 27 de septiembre de 2022.
La medida se produce una semana después de que las autoridades detuvieran y enviaran al Vaticano a siete sacerdotes de la Diócesis de Matagalpa, en el norte de Nicaragua.
La Diócesis de Matagalpa es dirigida desde el exilio por el obispo desnacionalizado Rolando Álvarez, que fue excarcelado y enviado a Roma en enero pasado.
La abogada e investigadora Martha Patricia Molina, autora del estudio Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?, ha denunciado que “la dictadura sandinista pretende exterminar la presencia de la Iglesia católica en la Diócesis de Matagalpa”.
Fuentes políticas dijeron a EFE que el régimen de Ortega está presionando al Vaticano para nombrar un nuevo obispo en la Diócesis de Matagalpa, en sustitución de Álvarez, quien antes de ser expulsado de Nicaragua había sido condenado a 26 años y cuatro meses de prisión, despojado de su nacionalidad, y suspendidos sus derechos ciudadanos de por vida, por delitos considerados de traición a la patria.
Las relaciones del Gobierno de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, caracterizadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
Además de Cáritas de Matagalpa, el Ministerio del Interior canceló otras 14 asociaciones, con lo que suman más de 3.600 las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ilegalizadas desde diciembre de 2018, y la mayoría de sus bienes han sido traspasados al Estado.
Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento debido a que no todas las 7.227 que estaban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de “golpistas” y “traición a la patria”.
(Con información de EFE)
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