
La policía Virginia Hernández quería irse temprano del seminario para cuidar a unos de sus hijos. Había pasado buena parte del día en la actividad de práctica de tiro organizada por el Sindicato Policial Nacional (Sipolna) de Uruguay y pidió para no quedarse a la última tarea, que se realizaría sobre la hora 22: el simulacro de un asalto a una red de cobranzas. Finalmente la convencieron y la agente permaneció un rato más. Pero Hernández se olvidó que, cuando estaba por retirarse, cargó su arma.
En el simulacro, Hernández era una de las policías que controlaba el acceso de un local de cobranzas, al que llegaría un rapiñero que efectuaría un disparo. La agente tuvo que forcejear con ese hombre armado, un rol que era interpretado por el secretario general del Sipolna, Fabricio Ríos. Hernández le disparó y la bala causó el fallecimiento del funcionario.
La funcionaria policial fue imputada por homicidio culposo, a pedido del fiscal Diego Pérez, que fue quien narró el episodio en la audiencia de formalización de este sábado 27. Sin embargo, la defensa del fallecido tiene algunas dudas y sugiere que podría tratarse de un homicidio intencional.

“Hubo un obrar temerario de la imputada, que consistió en participar del ejercicio que se le planteó sin adoptar las medidas correspondientes. También hubo un proceder negligente porque no observó los deberes que el propio cargo le imponía”, argumentó Pérez, al pedir la imputación de Hernández.
Pablo Pisiottano, el abogado de la víctima, declaró a la salida de la audiencia que todavía queda “muchísimo por investigar”. “Existen muchísimas dudas sobre en qué circunstancias se dio el fallecimiento de Fabricio Ríos”, dijo en una conferencia consignada por el noticiero Subrayado de Canal 10.
Para la defensa, el homicidio pudo haber sido intencional aunque todavía no “hay indicios suficientes” para plantear esa acusación. “Surgen muchas dudas sobre cómo se dieron los hechos, sobre por qué esa arma se cargó y por qué la funcionaria disparó. No estamos diciendo que sea un homicidio intencional, pero sí puede variar a esa figura”, expresó.

Pisiottano dijo que la versión que dio el fiscal en la audiencia es la que surgió del relato de la imputada, aunque para él todavía no está claro que efectivamente haya sido así. Y sumó algunos elementos a sus dudas: en el seminario no había instrucciones de tiro, no estaba previsto que hubiera disparos y los cartuchos de las armas estaban apartados. “No entendemos por qué había colocado el cartucho ni cuándo lo hizo, no está del todo claro”, amplió.
La defensa pedirá la reconstrucción de los asesinato.
Yennifer Izquierdo, otra abogada de la víctima, sumó un elemento a la hipótesis de que la muerte pudo haber sido intencional. “Era el secretario general del sindicato más representativo e importante de todo el país. Hay muchas internas que tenemos que investigar. Es importantísimo tenerlo claro”, dijo la defensora.

En un comunicado, el Sipolna también aseguró que quedan dudas respecto a la muerte del secretario general de la agrupación. “No hay consuelo, no hay palabras que alivien el dolor de sus familiares, amigos y compañeros… Quedan muchas incógnitas de cómo sucedió y un sabor amargo porque Fabricio tenía mucho camino por recorrer y mucho más trabajo por hacer por todos los policías”, dice el texto.
El fiscal pidió que la mujer sea enviada a prisión preventiva mientras avanza la investigación, pero la jueza Marcela Vargas finalmente definió que cumpla con arresto domiciliario, en el que deberá utilizar tobillera electrónica. Otras tres personas están siendo indagadas por este homicidio y declararán unos 18 policías.
El Ministerio del Interior, que es la jerarquía policial en Uruguay, envió un informe a la Fiscalía en el que el seminario no estaba avalado por la secretaría de Estado, como tampoco estaba autorizado el uso de armas.
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