(Desde Montevideo, Uruguay) - Cuando durante algunas semanas de 2023 el suministro del agua potable en Uruguay estaba comprometido, la administración de Luis Lacalle Pou tomó una serie de medidas paliativas para solucionar el problema de manera transitoria. Pero el argumento principal del gobierno para responder a los cuestionamientos era que se estaba buscando una solución de fondo: tomar agua del Río de la Plata para abastecerse del principal recurso natural.
Esta idea se denomina Proyecto Neptuno y se trata de una iniciativa privada del consorcio Aguas de Montevideo. Propone la instalación de una planta potabilizadora en el balneario Arazatí (San José), a 92 kilómetros de la capital uruguaya, una estación de bombeo y una tubería aductora hasta Montevideo.
Pero este proyecto, uno de los más ambiciosos de la gestión de Lacalle Pou, tuvo un freno en la Justicia.
La empresa que debe suscribir el contrato con Aguas de Montevideo es OSE, la estatal encargada del suministro de agua. Sin embargo, el juez Alejandro Recarey ordenó a la compañía a no suscribir el contrato. La sentencia responde a una demanda que había sido presentada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y por la organización de vecinos Tucu Tucu, que apuntaba contra el Ministerio de Ambiente, OSE y el Ministerio de Salud Pública.
La demanda plantea que si se le da luz verde a este proyecto se viola la Constitución ya que su artículo 47 establece que el “servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.
Aguas de Montevideo, la empresa que presentó el proyecto y luego ganó la licitación, está integrada por cuatro empresas privadas (Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast).
Según la sentencia, informada por El Observador, el proyecto propone que será el privado el que diseñe, construya y mantenga la infraestructura de la toma de agua del Río de la Plata y hará su potabilización para luego entregársela a OSE. “De modo que la tarea de despeje jurídico pertinente para definir fases de la producción de agua quedan incluidas en ‘abastecimiento’”, dice la sentencia.
El juez Recarey dio lugar a la solicitud de los demandantes aclarando que se trata de una medida cautelar que no se expresa sobre el fondo del asunto.
“Se dispondrá la admisión de la medida cautelar porque hay bases como para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público del agua potable. Es una infracción constitucional”, agrega el fallo.
El nombre del juez ha estado vinculado a otras decisiones cuestionadas por el gobierno. En julio de 2022, por ejemplo, accedió a un recurso de amparo presentado por movimientos antivacunas que obligó a suspender la vacunación contra el covid-19 en niños menores de 13 años. Por esta decisión, fue separado del cargo por la Suprema Corte de Justicia.
Tanto OSE como los ministerios de Ambiente y Salud Pública decidieron apelar la decisión judicial.
En un comunicado, OSE defendió el proyecto al afirmar que garantizaría “un derecho básico a la población que reside en Montevideo y el área metropolitana”, como lo es el acceso al agua potable. La empresa pública recuerda que está prevista la construcción de infraestructura para potabilizar el agua, independientemente de fenómenos climáticos adversos y problemas técnicos”.
“Se trata de un compromiso de este gobierno para hacer frente a un problema que se arrastra desde hace muchos años, relacionado con la ausencia de una segunda fuente para el suministro de agua potable, para abastecer a más del 60% de la población del país”, dice el comunicado.
OSE destaca que esta inversión es la más grande del área en los últimos 150 años.
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