
(Desde Montevideo, Uruguay) - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ingresó molesto al salón del hotel en San Vicente y las Granadinas en el que se desarrollaba la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). “¿Quién está hablando mal de mí? ¿Quién está hablando mal de mí?”, preguntó. Unos minutos antes, el vicecanciller de Uruguay, Nicolás Albertoni, había condenado las proscripciones políticas en Venezuela.
En representación de Uruguay, Albertoni elevó un “llamado respetuoso y convencido al gobierno de Venezuela a retomar la senda de la conveniencia democrática” y citó al presidente Luis Lacalle Pou, quien en antiguos foros afirmó que “Uruguay no está dispuesto a guardar silencio sobre estos temas como si nada pasara”.
“Nos resultan inadmisibles las proscripciones arbitrarias como la de María Corina Machado, y las detenciones de la activista Rocío San Miguel, así como la expulsión del representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas”, afirmó.

Luego, en declaraciones a El Observador, Albertoni señaló que la posición de Uruguay fue “la misma desde que comenzó el gobierno en defensa de la libertad y la democracia”. El funcionario prefirió no referirse al malestar de Maduro aunque relató que, al terminar el discurso, se dieron algunas “situaciones incómodas” sobre las que prefirió no profundizar.
Ya en el vuelo de regreso, Maduro afirmó que una entrevista que Lacalle Pou tenía “doble rasero” y “doble moral” porque hablaba de asuntos internos de Venezuela pero no levantaba de la misma forma la voz sobre lo que ocurre en Palestina.
En su discurso, Albertoni también había cuestionado que no todos los países “están en el mismo barco” con respecto a la defensa de la democracia en la región, en el respecto al Estado de Derecho y a los derechos humanos.

“Nos resulta inesquivable decir que cuesta ver una declaración como la que vamos a firmar hoy como más de 90 puntos, en los cuales en su gran mayoría se habla de defender la democracia y las instituciones, cuando sabemos que hoy acá ante nuestra narices no todos están en el mismo barco”, explicó.
Y continuó: “Pasan las cumbres y volvemos a encontrarnos con un desequilibrio evidente en algunos casos que se alejan del camino de la convivencia democrática y de esta forma ponen en riesgo el normal desarrollo de los procesos electorales pacíficos, que son vitales para las democracias”.
La tensión entre el gobierno uruguayo y el de Venezuela escaló tras la inhabilitación de Corina Machado y del arresto de la activista San Miguel. “Rompe los ojos. Es una dictadura. No hay elecciones libres (…) El que no lo quiere decir, por algo es. Porque si ladra, tiene cuatro patas y muerde la cola… si alguien no me dice que es un perro, por algo será”, afirmó el presidente Lacalle Pou en febrero tras estos episodios.
Luego, el canciller de su gobierno, Omar Paganini, llamó en consultas al embajador de Uruguay en Venezuela, Eber da Rosa, quien entregó un informe que ratificó la preocupación del gobierno uruguayo sobre el régimen de Maduro.
“Lamentablemente se ratifica la preocupación del gobierno uruguayo: la viabilidad del proceso de normalización democrática está en cuestión por una serie de acciones del gobierno”, escribió Paganini tras recibir el texto en la red social X.
La elaboración de ese informe fue una de las últimas tareas que hizo Da Rosa en su rol porque luego renunció a su cargo para dedicarse a la campaña electoral.

Pero pese a este aumento de tensión en las relaciones bilaterales, el gobierno de Lacalle Pou tiene la intención de volver a enviar un embajador a Venezuela, según consignó el medio uruguayo. Se trataría de un funcionario de carrera para mantener en ese nivel la relación diplomática. El argumento que manejan en el gobierno uruguayo para continuar el vínculo es que las relaciones del país son “con los Estados” y no “con gobiernos”.
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