El régimen nicaragüense de Daniel Ortega disolvió este martes nueve ONG, entre ellas una católica y tres evangélicas, y avaló el cierre de una universidad privada. Según la dictadura sandinista, las entidades afectadas no cumplieron con la normativa vigente respecto a la presentación de informes financieros durante periodos que varían entre los dos y los veintiséis años.
Entre las organizaciones canceladas está la católica Asociación Máter Puríssima Nicaragüense Año 2000 y las evangélicas Asociación Iglesia El Nuevo Remanente, Fundación Cristiana Renuévame Señor y Asociación Iglesias Solo Jesucristo Salva Hechos 4:12.
Otra de las ONG canceladas es la Fundación Aguas Bravas Nicaragua (ABN), que contaba con registro desde el 2013 y que, según su perfil en redes sociales, ofrece apoyo a las mujeres que fueron las víctimas de abusos sexuales en su infancia.
El Ministerio del Interior indicó que ABN no presentó estados financieros entre 2015 y 2022, y que su directiva estaba vencida desde 2014.
Los bienes muebles e inmuebles de las nueve asociaciones serán traspasados al Estado, según la legislación que regula a los organismos sin fines de lucro, señaló la cartera.
En otra decisión publicada en La Gaceta, el Ministerio del Interior aprobó la cancelación de la personalidad jurídica “por Disolución Voluntaria de la Asociación Universidad de Administración, Comercio y Aduana María Guerrero (UNACAD)”.
“El Consejo Nacional de Universidades (CNU) procederá a reubicar a los estudiantes en las universidades donde correspondan”, reza el decreto, que obliga a los directivos de la institución a entregar expedientes, títulos, carreras, planes de estudio y bases de datos de las matrículas, entre otras cuestiones.
La universidad estaba inscrita desde febrero de 2005 y presentó la solicitud de cancelación por “disolución voluntaria acordada de forma unánime por sus miembros” el 3 de febrero “debido a los bajos ingresos que percibe la Universidad, lo que les impide cumplir con el programa de inversiones para Plan de Mejora”, indicó la publicación
Nicaragua endureció las leyes tras las protestas de 2018 contra la dictadura de Daniel Ortega, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según la ONU.
El régimen de Ortega, que consideró las protestas como un intento de golpe de Estado promovido por Washington, aseguró que algunas ONG las financiaron.
En los últimos tres años, la dictadura nicaragüense ha cancelado al menos 30 universidades, entre ellas la Universidad Centroamericana (UCA), uno de los focos de los manifestantes opositores.
La UCA fue intervenida después de que el régimen describiera a la institución como un “centro de terroristas” en el marco de las acusaciones contra la Iglesia católica, a la que señalaron por instigar las manifestaciones antigubernamentales.
Con el cierre de estas diez ONG, suman más de 3.550 las organizaciones disueltas por Ortega.
Algunos diputados sandinistas han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas las 7.227 que estaban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
(Con información de EFE, Europa Press y AFP)
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