La oposición chilena presentó una acusación constitucional contra un ministro de Boric por el Caso Convenios

Oposición cerró la puerta a acuerdos y apuesta por tensionar el ambiente desde el Congreso. Desde el gobierno calificaron la jugada como “cortina de humo” tras la derrota en el plebiscito

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El ministro de Vivienda y Urbanismo de Chile, Carlos Montes, está ahora en el ojo del huracán (EFE/Lenin Nolly)
El ministro de Vivienda y Urbanismo de Chile, Carlos Montes, está ahora en el ojo del huracán (EFE/Lenin Nolly)

(Desde Santiago, Chile)La ciudadanía nos exige dejar de pelear, llegar a acuerdos y concretar soluciones”. Así finalizaba su discurso el presidente Gabriel Boric tras conocerse los resultados del plebiscito el pasado domingo. Desde el oficialismo esperaban que la derrota del proyecto constitucional de la derecha sirviera para descomprimir el tenso ambiente político. Sin embargo, las principales figuras de la oposición ya dejaron en claro que no cederán ante las proposiciones del Ejecutivo al anunciar que “no cederá ni un centímetro” en la reforma previsional y el pacto fiscal.

No solo eso: durante el transcurso de este martes la mayoría de las bancadas de derecha concretaron su amenaza previa al plebiscito y presentaron una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes (Partido Socialista).

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Hasta hoy, la acusación contaba con el respaldo de las bancadas de Renovación Nacional (RN), la Unión Demócrata Independiente (UDI), el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano y el Partido de la Gente, según consigna un artículo del diario El Mostrador.

La acusación se produce tras conocerse el testimonio de la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, quien aseguró ante la justicia que, antes de que estallara en la prensa el llamado “Caso Convenios”, ella informó al ministro Montes respecto de los tratos directos entre el Ministerio de Vivienda y la fundación Democracia Viva, caso que abrió una caja de Pandora en reparticiones públicas de todo el país y se convirtió en el primer escándalo de probidad de funcionarios del gobierno de Gabriel Boric.

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La diputada del Partido Social Cristiano, Francesca Muñoz, señaló que a Montes lo acusan de no lograr control jerárquico en su cartera, de no ser “eficaz y eficiente” en su ministerio, además de no cuidar el principio de probidad.

“Un informe de Contraloría es contundente, también hay una persecución penal al respecto, entonces esta es la arista en el ámbito político. Nosotros le planteamos la importancia al Presidente, una y otra vez, que el ministro dejara su cargo, y ya que él no ha tomado esa decisión es que nosotros ingresamos esta acusación constitucional”, agregó Muñoz.

El diputado Agustín Romero, del Partido Republicano, recalcó que “acá hay infracciones constitucionales. El ministro tenía todos los antecedentes y no hizo nada. Necesitamos ministros que hagan el trabajo”, criticó.

Se trata de la quinta acusación constitucional que presentan contra un ministro de Boric. Todas las anteriores han sido rechazadas.

Hasta ahora, la derecha no cuenta con los votos para sacar al ministro de Vivienda y anotarse un triunfo político tras su derrota en el plebiscito del domingo (AGENCIA UNO)
Hasta ahora, la derecha no cuenta con los votos para sacar al ministro de Vivienda y anotarse un triunfo político tras su derrota en el plebiscito del domingo (AGENCIA UNO)

“Cortina de humo”

Desde el oficialismo reaccionaron con contundencia ante la presentación de la acusación. “Los perdedores del domingo vinieron acá a hacer un show político para establecer una cortina de humo y esconder su derrota electoral, porque fracasaron y fueron incapaces de presentar un texto constitucional de consenso, y para limpiarse la ropa de esa derrota política y desviar la atención acusan constitucionalmente a un ministro que es inocente como el ministro Montes”, afirmó el diputado Raúl Soto (PPD).

En esa misma línea, la diputada socialista Daniella Cicardini, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, agregó que “esta acusación, lamentablemente, no se condice con los tiempos que estamos viviendo a propósito del pronunciamiento muy claro que dio la ciudadanía en el plebiscito”.

Hoy día la oposición todavía no entiende el mensaje claro que nos mandan a la clase política de ponernos a trabajar, de buscar consensos y resolver los problemas que realmente le interesa a la gente. Esta acusación constitucional no le interesa a nadie, no tiene tampoco justificación alguna. Por lo tanto, basta de estas peleas políticas ordinarias, pequeñas, que nada contribuye a la mejora de la calidad de vida de los chilenos y chilenas”, apuntó la diputada Cicardini.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, se refirió brevemente a la preparación de la acusación constitucional en su contra, destacando que espera que los argumentos tengan solidez y recalcando que su permanencia en el gobierno “la decide el Presidente”.

¿Una nueva derrota para la derecha?

El objetivo de esta acusación constitucional, reconocen en el sector, es quitarle al gobierno espacio para maniobrar y devolverlo a la agenda que lo tenía enredado antes del plebiscito, es decir, al Caso Convenios y a la necesidad de un ajuste ministerial.

Sin embargo, y a pesar de que la Comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro Montes quedó compuesta con mayoría de parlamentarios de derecha - por lo que se presume que emita un informe negativo que recomiende a la sala aprobar la acusación-, lo cierto es que nueve votos serían los que en este momento le faltan a la oposición para lograr destronar al ministro y anotarse un triunfo político.

El grupo de parlamentarios designados tiene un plazo para revisar la acusación de tres días para notificar al ministro de Vivienda. Además, deberá elegir a un presidente de la instancia en este período.

Luego, el ministro Montes dispondrá de hasta diez días después de recibir la notificación para comparecer ante la comisión o presentar su defensa por escrito. En caso de no asistir, se procederá sin su participación en la defensa.

La comisión tiene asignados seis días para analizar la acusación y emitir su veredicto. Posteriormente, se iniciará la discusión en la Sala de la Cámara, anticipando su aprobación o rechazo, un acontecimiento previsto para enero.

El problema para el sector es que desde la Democracia Cristiana (5 diputados) y Demócratas (4) ya anunciaron que no la respaldarán. Tampoco lo harán dese Evópoli. Con eso, a Chile Vamos, el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano se le pone cuesta arriba lograr la aprobación y arriesgan sufrir una nueva derrota, según varios analistas. Determinantes, pues, serán las tratativas que se lleven a cabo en la “cocina” del Congreso estos días.

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