Lula da Silva expuso su agenda verde en la COP28, pero Brasil opta por el petróleo

Con una delegación de 3.081 miembros brasileños, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 28) de Dubai fue para el país sudamericano el ensayo general de la COP30, que se celebrará en 2025 en Belém, en el corazón de la Amazonia.

En su discurso oficial, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva acusó a los países ricos de Occidente, afirmando que “el planeta está harto de acuerdos climáticos incumplidos”. Añadió que “sólo el año pasado, el mundo gastó más de 2 billones y 224 millones de dólares en armas. Esta cantidad podría haberse invertido en la lucha contra el hambre y el cambio climático”.

Aunque la agenda verde fue el foco del discurso de Lula, Brasil no ocultó su interés por los combustibles fósiles durante la conferencia de Dubai. Para sorpresa general, el gigante latinoamericano aceptó la invitación de unirse a la OPEP+, el club ampliado de países exportadores de petróleo, compuesto hasta ahora por los 13 miembros de la OPEP y otros 10 países, entre ellos Rusia. Para los ambientalistas se trata de una contradicción con el proceso de transición energética que quiere llevar a cabo el país sudamericano. Lula respondió a las críticas declarando que la participación de Brasil “es necesaria para convencer a los productores de petróleo de que se preparen para el fin de los combustibles fósiles”. En un editorial, el diario O Estado de São Paulo cuestiona el sentido de esta adhesión y afirma que “la única explicación es el deseo de Lula y sus acólitos, incapaces de desprenderse de la mentalidad de la Guerra Fría, de provocar al ‘Norte’ global adhiriéndose a una supuesta demanda de emancipación del ‘Sur’”, se lee.

Y justo cuando Lula estaba a punto de abandonar Dubai rumbo a Alemania, se difundió la noticia de que la petrolera nacional Petrobras está a punto de crear una filial en Oriente Medio, Petrobras Arabia. A las preguntas apremiantes de los periodistas, el presidente brasileño desestimó el asunto diciendo que no sabía nada al respecto y que el presidente de Petrobras, Jean Paul Prates, “tiene la cabeza fértil”. Prates intervino entonces para calmar los ánimos afirmando que Petrobras Arabia no se dedicará al petróleo, sino que operará de forma integrada con algunos países de la región en el área de los fertilizantes. Añadió que esa filial “es sólo un concepto” y que la idea es hacer “inversiones cruzadas” entre Brasil y el país donde se instalaría Petrobras Arabia. Una idea, la de las inversiones cruzadas, que según Prates fue mencionada por el propio Lula. “Tenemos potasio que Arabia Saudita no tiene y Arabia Saudita tiene nitratos que nosotros no tenemos. Además, tiene gas más barato que el nuestro. Así que podríamos igualar internamente los valores de estas materias primas entre nosotros”, explicó Prates.

Sin embargo, no ayudó a Petrobras haber llegado a la COP28 con un bagaje de protestas en casa. Algunas decisiones tomadas por la petrolera en los últimos días con el aval del gobierno Lula han creado, según la prensa brasileña, “un clima de inseguridad”. Aprovechando el mandamiento judicial del Supremo Tribunal Federal (STF), el consejo de administración eliminó la protección contra los nombramientos políticos, allanando el camino para la interferencia de los partidos. Petrobras también canceló la venta de Lubnor, la refinería de Lubricantes y Derivados del Noreste, alegando que el comprador no había cumplido las condiciones. De hecho, el gobierno Lula suspendió las privatizaciones - en el gobierno Bolsonaro Petrobras tenía prevista la venta de ocho refinerías - minando la seguridad jurídica de los acuerdos ya en vigor. Además, el plan estratégico 2024-2028 de Petrobras va en una dirección completamente opuesta a la transición ecológica. Prevé inversiones de 16.300 millones de dólares para ampliar su presencia en el sector del refinado. Incluso se aumentará la capacidad de tres refinerías que estaba previsto vender.

Además, en las mismas horas en que Brasil presentaba sus propuestas sostenibles al mundo en Dubái, en la capital del estado de Alagoas, Maceió, la alerta estaba - y sigue estando - por las nubes. Una mina de la petroquímica brasileña Braskem está provocando el mayor desastre ambiental del país desde la catástrofe de Mariana en 2015 y la de Brumadinho en 2019, ambas en el estado de Minas Gerais. Un barrio entero, el de Mutange, afortunadamente evacuado hace días, está a punto de implosionar. El desastre es considerado inminente por las autoridades brasileñas. Sólo en cinco días, el suelo se ha hundido 1,69 metros. Petrobras posee el 36,15% de las acciones de Braskem junto con Novonor (antigua Odebrecht), que tiene el 38,32%.

Durante la COP28, justo cuando la tierra se hunde cada día más en Maceió, Braskem dio dos conferencias sobre el medio ambiente.

Además, documentos obtenidos por el Centre for Climate Reporting en colaboración con la BBC de Londres revelaron la estrategia de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) de aprovechar la presencia de líderes mundiales en Dubai para discutir cómo aumentar los combustibles fósiles. Se pidió a la ministra brasileña de Medio Ambiente, Marina Silva, que ayudara a “garantizar el alineamiento y la aprobación” de la oferta de la petrolera estatal emiratí Adnoc por Braskem. A principios de este mes, Adnoc presentó una oferta de 2.100 millones de dólares para comprar una participación clave en Braskem.

Sin embargo, también estuvo presente en la COP28 el abogado Felipe Hotta, del bufete Thomas Goodhead, que además de defender a las víctimas del derrumbe de la presa de Mariana defiende ahora a 10.000 de las 60.000 víctimas del inminente derrumbe del distrito de Maceió. “Ver a Braskem y Vale aquí en la COP28 con una agenda verde me molesta mucho. Estas empresas no tienen una agenda de sostenibilidad”, declaró a la agencia de noticias Folhapress.

La mina de sal gema de Maceió empezó a funcionar en 1975, durante la última dictadura militar, a pesar de que las autoridades medioambientales lo desaconsejaron en su momento. Al cabo de casi 50 años, ha llegado el momento de pagar la factura, una factura muy elevada porque la mina opera en una zona de falla geológica y ahora corre el riesgo inminente de derrumbarse. La capital de Alagoas ha declarado el estado de emergencia, la gente se ha visto obligada a abandonar sus casas para siempre, y ahora empieza la difícil guerra de indemnizaciones y responsabilidades.

Además del desastre que se está produciendo en Maceió, Brasil llegó a esta COP28 con algunos datos alarmantes. En noviembre, con casi 4.000 incendios vinculados a la deforestación, el Pantanal, el mayor humedal del mundo en Brasil, perdió el 7% de su bioma, cerca de un millón de hectáreas. En septiembre y octubre le tocó el turno a la Amazonia. El Estado de Amazonas, con 9.000 incendios, registró el peor índice de los últimos 25 años. Además, se sigue discutiendo la posible explotación petrolífera de la desembocadura del Amazonas, lo que ha despertado las iras de los ecologistas y de la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, que propuso en Dubai un nuevo mecanismo a adoptar a escala mundial que permitiría pagar a los países comprometidos en la preservación de los bosques por cada hectárea salvada.

El Ministro de Economía, Fernando Haddad, también anunció un plan de transformación ecológica apoyado inmediatamente por la administración Biden. Sin embargo, en su discurso, Haddad habló sobre todo del dinero y las inversiones extranjeras que necesita el plan, unos 130.000-160.000 millones de dólares al año durante la próxima década. Estas inversiones se realizarán principalmente en infraestructuras para promover la adaptación, producir energía y mejorar la industrialización y la movilidad. Estados Unidos, en una declaración oficial, dio inmediatamente su apoyo. “El ministro Haddad y el enviado especial presidencial John Kerry también acordaron explorar oportunidades para coordinar la asistencia de terceros para ayudar a acelerar la implementación de objetivos climáticos ambiciosos y mejorar la capacidad de seguimiento, información y verificación”, reza el comunicado. Sin embargo, no se dieron detalles sobre en qué consiste realmente ese plan.

El plan de transición energética presentado en Dubai, en realidad, ha sido muy criticado en Brasil. Presentado el pasado agosto como parte del nuevo Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), aunque enfatice en palabras la transición ecológica, de hecho favorece los combustibles fósiles. Las inversiones previstas en combustibles bajos en carbono, como el etanol y el biometano, ascienden sólo a 20.200 millones de reales en los próximos cuatro años (4.100 millones de dólares), una cantidad 13 veces inferior a la que se destinará a la industria petrolera pesada.

Según Juliano Bueno, director del Instituto Arayara, organización que reúne a científicos, ingenieros, urbanistas y ecologistas, el mapa de inversiones revela una visión dividida del futuro. “Hoy tenemos dos gobiernos en el país. Uno quiere la transición energética, la reducción de emisiones y la reindustrialización tecnológica con generación de energía limpia y barata para todos, lo que incluye el hidrógeno verde. El otro quiere mantener el modelo de explotación del gas natural, el petróleo, el carbón y los vehículos, que queman combustibles fósiles”. La razón es sencilla. Según las previsiones oficiales, en 2024 el dinero de la exploración petrolífera inyectará en las arcas públicas más de 100.000 millones de reales, 20.300 millones de dólares, para financiar los gastos presupuestarios de la Unión.

Y el interés político y económico también puede explicar por qué Brasil ha seguido insistiendo en el proyecto de invertir en la construcción de los 500 km restantes del gasoducto Néstor Kirchner, desde la región de Vaca Muerta, en la Patagonia argentina hasta Santa Fe.

También conocida como el “tesoro de Vaca Muerta”, la formación geológica rica en gas de esquisto, en inglés shale gas, es considerada la segunda mayor reserva de gas no convencional del mundo. El gas argentino es altamente contaminante y por ello está prohibido en Europa. En Brasil no está regulado, pero ha sido objeto de acciones legales en los estados de Bahía y Paraná. En este último está prohibido desde 2019. En paralelo a la COP28, el Grupo J&F, el mayor holding privado de Brasil, liderado por los hermanos Joesley y Wesley Batista, anunció su entrada en el sector del petróleo y el gas con una doble operación en yacimientos de Argentina. El grupo ha adquirido la empresa brasileña Fluxus, que está comprando los yacimientos de Pluspetrol en Vaca Muerta y Salta. Los hermanos Batista, como se recordará, fueron noticia mundial hace unos seis años con el escándalo de corrupción destapado por la Operación Lava Jato. Confesaron haber pagado sobornos y acabaron en la cárcel durante unos meses.