Más del 77% de los bolivianos reprueban la política del gobierno del MAS frente a la coca y las drogas, dice una encuesta que preocupa a los líderes Luis Arce y Evo Morales, enfrentados para definir cuál de ellos será candidato en 2025.
La encuesta, hecha por la prestigiosa Fundación Jubileo contradice el entusiasmo de los caudillos del MAS y pone en duda el monopolio que ambos tienen en las noticias sobre las preferencias de los bolivianos para las próximas elecciones.
La encuesta saca a luz el desprecio y la desconfianza que sienten los ciudadanos acerca de todo lo que hace el MAS como gobierno, de todas las instituciones estatales que ha controlado, incluidos el órgano electoral, la justicia, la policía y las Fuerzas Armadas, además de las estadísticas oficiales.
La contundencia de la actitud de reprobación y reproche de lo que hace el gobierno pone en duda no solamente el entusiasmo masista por el futuro, sino los resultados de las anteriores elecciones, en las que Arce obtuvo 55%, ahora que tiene un rechazo de 77%.
Esto parece confirmar la tesis de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt sobre la “Tiranía de la Minoría” que se estaría dando ahora en varios países donde grupos minoritarios en apoyo ciudadano han logrado imponer dictaduras a partir del control de actividades económicas ilegales y de las instituciones que deben garantizar la democracia.
La encuesta, realizada en nueve ciudades, encontró que 75% de los ciudadanos desconfían de la justicia, que es administrada por unos jueces “elegidos” en el parlamento por el MAS y que responden fielmente a este partido en todo, comenzando por la persecución y el castigo a los opositores.
Los jueces son cómplices de los extorsionadores que cobran a los propietarios de tierras y haciendas sobre todo en el departamento de Santa Cruz, que concentra a los electores más reacios a apoyar al partido de gobierno.
Ahora, los jueces se preparan para aplicar una ley que busca arrebatar la propiedad de la tierra a todos los extranjeros y sus descendientes, sin tomar en cuenta la antigüedad de la llegada de sus ancestros. Se teme que esto afecte incluso a los descendientes de españoles, pero sobre todo a ciudadanos argentinos y brasileños radicados desde hace décadas en Bolivia.
Es tal el desprestigio de la justicia que el propio Evo Morales, inventor de las elecciones de jueces por el “voto popular”, acaba de decir que por primera vez en la historia del país las encuestas muestran que la justicia es más corrupta que la policía.
Lo dice cuando seis policías acaban de ser enviados a la cárcel por haber “volteado” una carga de droga en el lago Titicaca y cuando se revela que otros policías tienen la costumbre de cobrar un porcentaje a las madres que logran que los padres de sus hijos paguen las pensiones de manutención.
Siete de cada diez ciudadanos reprueban el trabajo de la policía en cuanto a garantizar la seguridad, pero el rechazo llega a 77% cuando la pregunta se refiere a la lucha policial contra el narcotráfico.
Los ciudadanos no confían en el Tribunal Electoral cuando dos vocales acaban de denunciar que el MAS los amedrenta y no se atreven a contrariar la voluntad del expresidente Evo Morales.
El órgano no tiene la confianza de 60% de los ciudadanos, ahora que sus autoridades han decidido dejar en suspenso la auditoría del padrón electoral, que sería la principal causa del dolo detectado por los observadores de la OEA en 2019.
El rechazo también llega a la clase política. Siete de cada diez ciudadanos consideran que los políticos no están haciendo bien su trabajo y que deben ser cambiados por nuevas figuras.
Anteriores encuestas revelaron que las preferencias de los ciudadanos por los actuales líderes políticos son muy bajas y que el mayor porcentaje, de 40%, prefiere un nuevo candidato para las elecciones de 2025. Los dos caudillos del MAS, Luis Arce y Evo Morales, tienen apenas 14% y 10% de preferencias, respectivamente.
Por el momento no ha aparecido el “nuevo” que jubile a todos los líderes actuales, incluidos a los del MAS.
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