La CIDH pidió a Bolivia otorgar garantías a los periodistas para que puedan cumplir su función

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió este miércoles al Estado boliviano que otorgue “garantías” a los periodistas en ese país para que puedan cumplir su función, en respuesta a las recientes agresiones a reporteros.

La Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, expresó en Twitter “su preocupación ante los reportes recibidos sobre el uso de la fuerza pública y detenciones en contra de trabajadores de la prensa” que cubrían este martes un conflicto entre productores de hoja de coca en la ciudad de La Paz.

Gremios periodísticos bolivianos denunciaron que Santiago Limachi y Sergio Limachi, ambos corresponsales de una agencia internacional, resultaron heridos, y que Carlos Quisbert, periodista del diario Página Siete, fue arrestado en el operativo desplegado por la Policía para dispersar a los cocaleros.

Según la Relatoría, que citó la información disponible, el periodista de Página Siete “fue agredido y detenido por la policía”, mientras que los dos corresponsales “habrían resultado heridos por gases lacrimógenos”.

También dijo haber recibido informes de que, en los días previos, se registraron “agresiones a reporteros” en las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba.

“La Relatoría recuerda que la labor de los periodistas en contextos de conflictividad social resulta crucial para mantener informada a la ciudadanía; por lo que llama al Estado a otorgarles el máximo grado de garantías, a fin de que puedan cumplir su función con libertad y seguridad”, puntualizó el organismo en un hilo de trinos.

Después de los hechos, el ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Eduardo Del Castillo, anunció el martes en Twitter una investigación de los eventos registrados en el mercado de Adepcoca, en La Paz, y garantizó el trabajo de la prensa “en todos los rincones del país”.

A su vez, la viceministra de Comunicación de Bolivia, Gabriela Alcón, se trasladó hasta las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para gestionar la “inmediata” liberación de Quisbert.

Previamente, este martes La Defensoría del Pueblo de Bolivia pidió al Estado “garantizar el trabajo de los medios de comunicación y reforzar la protección de los trabajadores de la prensa” tras las agresiones recientes a un reportero gráfico en Santa Cruz y a un periodista en Cochabamba.

En un comunicado, la entidad indicó que “censura esas agresiones” e invocó la declaración de principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que establece que las amenazas e intimidaciones “violan los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”.

(Con información de EFE)

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