El Gobierno aprueba un real decreto-ley para asegurar 7.240 millones al sistema de la dependencia en 2027

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros un real decreto-ley impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales para consolidar el despliegue de la reforma del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia con la que garantiza el crédito necesario para que la inversión estatal en el SAAD alcance, en 2027, la "cifra histórica de 7.240 millones de euros" entre nivel mínimo y nivel acordado.

Según ha informado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, esta cifra permitirá que la aportación de la Administración General del Estado suponga el 50% de la financiación total en dependencia.

Esta inversión, según ha precisado, representa "un 423% más que en 2020", antes de la puesta en marcha del Plan de Choque, y "un 124% más que en 2023", al inicio de la legislatura.

Desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy han explicado que este crecimiento ha sido posible "gracias a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, que han permitido avanzar hacia un sistema con más recursos y mayores garantías de atención". Además, ha añadido que el nivel acordado de financiación alcanzará también "un máximo histórico, con 970 millones de euros".

Asimismo, y con el fin de garantizar la aplicación correcta y efectiva de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, el Real Decreto-Ley modifica, entre otras cosas, la regulación de la Teleasistencia, reconociendo este servicio para todas las personas en situación de dependencia, con independencia de su grado reconocido y garantiza la prestación permanente "las 24 horas del día, todos los días del año", declarándose compatible con el resto de servicios y prestaciones del sistema.

También modifica la definición del Servicio de ayuda a domicilio ampliándolo más allá de la vivienda para incluir apoyos en el entorno comunitario, se admite la prestación compartida del servicio entre varias personas usuarias y se garantiza que la atención compartida no reduzca la intensidad individual reconocida, según el Ministerio.