Un activista tailandés acumula 38 años de prisión por ofensas a la monarquía

Bangkok, 31 oct (EFE).- El abogado Arnon Nampa, uno de los principales activistas del movimiento que reclama reformas en la monarquía de Tailandia, acumula ya 38 años de prisión por delitos de lesa majestad, tras recibir una nueva condena de dos años y ocho meses de cárcel dictada por un tribunal de Bangkok esta semana.

La sentencia, recogida este sábado por el periódico Bangkok Post, fue dictada el jueves por una corte de la capital en el marco de un proceso iniciado por la Fiscalía contra Nampa y otros seis activistas, procesados ​​en virtud de la ley de lesa majestad, recogida en el artículo 112 del Código Penal tailandés.

La norma establece penas de entre 3 y 15 años de cárcel para quien difame, insulte o amenace al rey, la reina o el príncipe heredero, una de las legislaciones más draconianas del planeta en este ámbito.

Nampa, de 41 años, fue una de las figuras más destacadas del movimiento estudiantil que en 2020 lideró una ola de protestas en Bangkok para exigir reformas democráticas profundas en Tailandia, entre ellas cambios en el papel de la Casa Real.

El activista acumula 38 años de prisión, según Bangkok Post, como resultado de distintas condenas por delitos de lesa majestad, la última de ellas relacionada con una manifestación celebrada el 25 de noviembre de 2020.

Alrededor de 2.000 personas participaron en aquella concentración, convocada frente a la sede del banco Siam Commercial en Bangkok, para pedir la dimisión del entonces primer ministro, Prayut Chan-o-cha, así como reformas constitucionales y de la monarquía, según el mismo medio.

En febrero de este año otro tribunal condenó a un hombre a un total de 50 años de cárcel tras sumar dos sentencias por vulnerar la misma ley, en una de las penas más elevadas impuestas hasta la fecha por lesa majestad.

Al menos 285 personas, incluidos menores, han sido acusadas en virtud de esta normativa desde noviembre de 2020, según los últimos datos de la oenegé Thai Lawyers for Human Rights, mientras que otros 1.992 han sido imputados por delitos relacionados con las protestas o sus expresiones políticas. EFE