Ocho países latinoamericanos impulsan que la ONU cree un protocolo sobre delitos ambientales

Viena, 19 oct (EFE).- Once países, ocho de ellos latinoamericanos, propusieron este lunes en Viena abrir la negociación de un nuevo protocolo de la ONU para combatir el tráfico de especies silvestres, madera y residuos, así como la extracción ilegal y el tráfico de minerales y metales preciosos.

La resolución se debatirá esta semana durante la decimotercera Conferencia de las Partes en la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Untoc, por sus siglas en inglés), que se celebrará en Viena hasta el viernes.

La directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Monica Juma, destacó este lunes, en la apertura de la conferencia, que en "Sudamérica el beneficio del narcotráfico financia otras actividades ilícitas, como la minería ilegal o el tráfico de fauna y flora silvestres".

Además, la responsable de la ONUDD recordó que en los últimos 20 años el crimen organizado ha sido responsable de "unos 95.000 homicidios anuales".

Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay impulsan el proyecto junto con Mauritania, la República Democrática del Congo y Santo Tomé y Príncipe.

Estos países recuerdan en su documento que "no hay ningún instrumento universal que aborde (...) los delitos que afectan al medio ambiente".

Solo el tráfico ilegal de fauna y flora silvestres mueve entre 7.000 y 23.000 millones de dólares anuales, según diversos estudios internacionales.

Este negocio abarca desde animales vivos destinados al mercado de mascotas exóticas hasta marfil, cuernos de rinoceronte y plantas protegidas.

Las redes criminales recurren a la corrupción, el blanqueo de dinero y la falsificación de documentos para ocultar sus operaciones.

El Banco Mundial estimó en 2019 que la tala y la pesca ilegales, así como el comercio ilícito de vida silvestre, cuestan al mundo entre 1 y 2 billones de dólares al año.

La Untoc es el único tratado mundial vinculante contra el crimen organizado transnacional y cuenta con tres protocolos específicos sobre la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y las armas de fuego.

La propuesta presentada hoy busca crear un comité especial que elabore un protocolo adicional a la Untoc para tipificar los delitos ambientales y reforzar su prevención.

La resolución reconoce el papel de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la lucha contra esos delitos y la corrupción asociada.

Los países promotores advierten de que estos delitos afectan no solo a los ecosistemas y la biodiversidad, sino también a la salud pública, la seguridad alimentaria, las economías y los medios de subsistencia de las comunidades.

Las diferencias entre las legislaciones nacionales dificultan la lucha contra las redes criminales transfronterizas, señala la resolución a la que tuvo acceso EFE en Viena.

Según datos de Naciones Unidas, 164 Estados miembros penalizan en alguna medida los delitos contra la fauna y flora silvestres, pero solo 86 prevén penas que alcanzan el umbral de delito grave establecido en la Convención, lo que dificulta su persecución.

Ese umbral corresponde a una pena máxima de al menos cuatro años de prisión y resulta relevante para aplicar los mecanismos de cooperación internacional previstos en el tratado.

El texto exige también respetar la soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales y los mandatos de los acuerdos ambientales existentes.

Luis Lidón

Viena, 19 oct (EFE).- La líder indígena ecuatoriana Patricia Gualinga reclamó este lunes en Viena que los pueblos amazónicos participen en la ONU en las decisiones internacionales contra los delitos ambientales, ante el avance de organizaciones criminales que amenazan sus vidas y territorios.

"Es momento de que los pueblos indígenas empiecen a ser parte actora de las soluciones, y no solamente víctimas", afirmó a EFE Gualinga, integrante del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.

La activista kichwa interviene junto con más de una docena de dirigentes indígenas de Ecuador, Brasil, Colombia y Perú en la conferencia de las partes de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Untoc), que comenzó este lunes en la capital austríaca y se prolonga hasta el viernes.

Los líderes indígenas buscan que la comunidad internacional persiga y prevenga delitos transnacionales como la minería ilegal, el narcotráfico y la deforestación, y reconozca el papel de las comunidades en la protección de sus territorios ancestrales.

Gualinga advirtió de que las actividades del crimen organizado han aumentado en la Amazonía y están muy ligadas al narcotráfico, a la minería ilegal y al lavado de activos.

"Hemos visto que va en aumento y también hemos visto los impactos sociales y culturales, pero también los riesgos a la vida que genera la presencia de estos actores", explicó.

Según la ONG Amazon Watch, que acompaña a la comitiva de líderes indígenas, grupos armados y organizaciones criminales operan en el 67 % de los municipios amazónicos.

Las redes criminales están aumentado su control sobre la Amazonía mediante operaciones transfronterizas y actividades que conectan cada vez más la minería ilegal de oro, el narcotráfico, la tala ilegal, la trata de personas y otros delitos, de acuerdo con Amazon Watch.

Ante esta situación, once países, ocho de ellos latinoamericanos, presentaron este lunes un proyecto de resolución para negociar un protocolo adicional a la Untoc con el fin de combatir delitos medioambientales.

La Untoc es el único tratado mundial vinculante contra el crimen organizado transnacional y cuenta con tres protocolos específicos sobre trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y armas de fuego, pero ninguno contra crímenes madioambientales.

La iniciativa busca crear un comité especial que elabore ese instrumento, y el texto presentado para la resolución reconoce la contribución de los pueblos indígenas y las comunidades locales a la lucha contra estos delitos y la corrupción asociada.

Gualinga sostuvo, sin embargo, que un nuevo protocolo apenas cambiará la situación si no incorpora a quienes viven en los territorios afectados.

"Por eso queremos que en el protocolo incluyan la participación de los pueblos indígenas dentro de sus gobernanzas territoriales", señaló.

La líder indígena pidió que las comunidades intervengan en las soluciones y que no se apliquen respuestas "traídas desde afuera que no funcionan dentro de sus territorios".

Gualinga, originaria de Sarayaku, en la Amazonía ecuatoriana, luchó contra la exploración petrolera en su territorio, que culminó en 2012 con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Ecuador por vulnerar derechos de su pueblo.

Ahora, como miembro del Foro Permanente de la ONU, según detalló, trabaja en un informe previsto para 2027 sobre el impacto del crimen organizado en los pueblos indígenas.

La delegación también ha reclamado apoyo y reconocimiento para los mecanismos de protección comunitaria que ya funcionan en sus territorios.

En la frontera entre Brasil y Perú, pueblos indígenas han creado una guardia binacional contra el narcotráfico, mientras que la guardia de la nación wampís, en Perú, defiende su territorio frente a la minería ilegal de oro.

Galois Flores, vicepresidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís e integrante de la delegación, afirmó que el protocolo contra los delitos ambientales debe garantizar "la participación de los pueblos indígenas y su consentimiento libre, previo e informado" sobre las medidas que los Estados apliquen en sus territorios.

"Las redes del oro ilegal y del narcotráfico devastan la Amazonía", declaró por su parte Raphael Hoetmer, director del programa para la Amazonía occidental de Amazon Watch.

El experto advirtió de que los gobiernos recurren a la militarización, que pone en peligro a la población local, y de que sus respuestas se ven lastradas por la corrupción.

"Garantizar la seguridad exige respaldar los derechos territoriales de los pueblos indígenas y la protección de sus comunidades", concluyó.