La CPI rechaza las sanciones de EE UU contra el tribunal y alerta de un ataque al orden jurídico

La Haya, 9 oct (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó este viernes "firmemente" las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el tribunal como "institución" y advirtió de que la medida supone "un ataque al Estado de derecho" que busca "perturbar" su funcionamiento e "intimidar" a quienes trabajan en la CPI.

"Es un intento de obstaculizar el curso de la justicia y de impedir que la Corte haga aquello para lo que fue creada", denunció la CPI, que recordó que el tribunal fue establecido mediante un tratado internacional y cuenta con 125 países miembros.

La Corte advirtió de que "nadie debería ser castigado por servir a la causa de la justicia" e instó a sus miembros a adoptar "medidas concretas" para garantizar que el tribunal pueda continuar operando, alertando de que "la Corte no puede mantenerse sola" y "la historia juzgará este momento".

La institución considera que la decisión estadounidense busca "perturbar" su funcionamiento e "intimidar" tanto a quienes trabajan para ella como a quienes cooperan con sus investigaciones.

"Las generaciones futuras y, sobre todo, las víctimas de atrocidades masivas preguntarán cómo respondimos cuando una institución creada para protegerlas fue atacada", concluyó.

Washington incluyó a la propia CPI en su régimen de sanciones, lo que se suma a las medidas impuestas hasta ahora contra 17 personas vinculadas a la institución, entre ellas jueces y fiscales.

La Corte investiga y juzga a individuos por genocidio, crímenes de lesa humanidad, de guerra y de agresión cuando tiene la jurisdicción que le otorga su tratado fundacional, el Estatuto de Roma.

"La Corte seguirá cumpliendo plenamente su mandato, con independencia e imparcialidad, actuando únicamente sobre la base del derecho y de las pruebas, por el bien de las innumerables víctimas de crímenes graves", aseguró su presidenta, la jueza japonesa Tomoko Akane, una de las funcionarias de la CPI sancionadas por Trump.

Las medidas anunciadas por Washington implican, en principio, el bloqueo de bienes e intereses de la CPI en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos y empresas estadounidenses, así como restricciones a las transacciones con la institución.

Pero el Departamento del Tesoro ha aprobado al mismo tiempo varias excepciones para evitar un corte inmediato de ciertas actividades del tribunal, entre ellas una licencia general de 180 días para permitir ciertas operaciones necesarias para su funcionamiento.

También se autorizarán actividades relacionadas con servicios informáticos, incluidos servicios en la nube y software, y operaciones vinculadas al sistema de pensiones de la Corte y las personas detenidas bajo su custodia.

Estados Unidos explicó que pretende dar tiempo a los países miembros de la CPI para lograr "avances significativos" en soluciones "diplomáticas o jurídicas" que respondan a sus objeciones, y este plazo podrá ser modificado dependiendo "del éxito o fracaso" de esos esfuerzos, dijo.

Trump firmó en febrero de 2025 una orden ejecutiva que abrió la puerta a sancionar responsables de la CPI que participaran en investigaciones o procesos contra ciudadanos estadounidenses o de países aliados, y señaló expresamente las órdenes de arresto emitidas en noviembre de 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant.

Ni Estados Unidos ni Israel son miembros de la CPI, pero el tribunal tiene jurisdicción sobre determinados crímenes cometidos en territorios de países miembros, como Palestina o Afganistán.

Aunque las sanciones coinciden con el anuncio esta mañana del Premio Nobel de la Paz para la jurista sudafricana Navi Pillay, que, entre otras, había ejercido como juez de la CPI entre 2003 y 2008, fuentes diplomáticas en La Haya aseguraron a EFE a principios de esta semana que Trump tenía ya previsto anunciar este viernes sanciones contra la Corte como "institución".

La Haya, 9 oct (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI), creada hace un cuarto de siglo con la ambición de que ni presidentes ni señores de la guerra quedaran fuera del alcance de la justicia, ha sido sancionada este viernes como "institución" por Estados Unidos, lo que deja su futuro y su funcionamiento en el aire, tras las amenazas que también recibe desde Rusia.

El tribunal, con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya, investiga crímenes desde Ucrania hasta Palestina y Afganistán, tiene órdenes de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y prepara el juicio contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte.

Pero, mientras trataba de esquivar medidas impuestas por Washington a 17 de sus funcionarios, Estados Unidos anunció este viernes sanciones a la "institución" al completo.

Estas sanciones han llegado tan solo unas horas después de que la magistrada sudafricana Navi Pillay, exjueza de la CPI, fuera premiada con el Nobel de la Paz, un galardón codiciado por el presidente estadounidense Donald Trump y para el que también había sonado la propia Corte.

La CPI nació del Estatuto de Roma, en vigor desde 2002, como primer tribunal penal internacional permanente. A diferencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU, que resuelve disputas entre países, la CPI juzga a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión.

Sus 125 países miembros se comprometieron a cooperar con ella cuando los sistemas judiciales nacionales no quieran o no puedan investigar esos crímenes.

Durante sus primeros años, prácticamente toda su actividad se concentró en África, con casos en Uganda, República Democrática del Congo, Sudán, Kenia, Malí o República Centroafricana, algo que alimentó durante años acusaciones de "doble rasero".

De aquella etapa salieron precedentes históricos: Thomas Lubanga fue condenado en 2012 por reclutar niños soldados en Congo, mientras que la orden de arresto de 2009 contra el entonces presidente sudanés Omar al Bashir por crímenes en Darfur demostró la voluntad de la Corte de perseguir incluso a un jefe de Estado en ejercicio.

La última década llevó a la CPI al centro de las disputas geopolíticas, especialmente cuando en 2023 ordenó detener a Putin por deportación ilegal de niños ucranianos; y un año después hizo lo mismo con Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.

La Corte puede investigar crímenes cometidos en territorio palestino porque Palestina es parte del Estatuto, pero Estados Unidos e Israel, que no son miembros, rechazan su jurisdicción sobre ciudadanos israelíes.

Además, la CPI confirmó en abril tres cargos de crímenes de lesa humanidad contra Duterte, arrestado en marzo de 2025, por asesinatos y tentativas de asesinato durante su "guerra contra las drogas". Su juicio comenzará en noviembre.

El pasado lunes, la CPI hizo públicos los detalles de cuatro órdenes de arresto contra dirigentes talibanes, incluido su líder supremo, Haibatullah Akhundzada, por la persecución de mujeres y niñas y de quienes desafían las políticas de género del régimen talibán en Afganistán, lo que puede constituir un crimen de lesa humanidad.

La Corte también confirmó el año pasado 39 cargos contra el fugitivo ugandés Joseph Kony, líder del Ejército de Resistencia del Señor, y a finales de septiembre condenó al excomandante centroafricano Mahamat Said por crímenes de lesa humanidad en Bangui.

Trump firmó en febrero de 2025 una orden ejecutiva que abrió la puerta a sancionar responsables de la CPI que participaran en investigaciones o procesos contra ciudadanos estadounidenses o de países aliados, y señaló expresamente las órdenes contra Netanyahu y Gallant.

El secretario de Estado, Marco Rubio, mostró este viernes su determinación de continuar la campaña para "desmantelar la CPI ladrillo a ladrillo" y se "prohibirán las transacciones con este tribunal ilegítimo, cortando sus recursos y paralizando su capacidad para actuar en nuestra contra".

Las sanciones pueden bloquear cuentas bancarias y transacciones, pero también dificultar el acceso a seguros, servicios informáticos, almacenamiento en la nube, correos y otros servicios proporcionados por empresas estadounidenses o expuestas al sistema financiero de Estados Unidos.

La presidenta de la CPI, Tomoko Akane, instó a la Unión Europea a "modificar el estatuto de bloqueo para contrarrestar los efectos de las sanciones estadounidenses".

A esta amenaza exterior se sumó la mayor crisis interna de su historia: Karim Khan, fiscal jefe desde 2021 y responsable de solicitar las órdenes contra Putin y Netanyahu, fue destituido por los países miembros en junio tras una investigación por conducta sexual indebida, que él negó.

La CPI no tiene policía propia y depende de los países para ejecutar sus órdenes: ha emitido 68 a lo largo de su historia, y 34 sospechosos siguen en libertad.

Imane Rachidi

Ginebra, 9 oct (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, consideró "inaceptables" las sanciones institucionales anunciadas este viernes por el Gobierno de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI) y pidió que se adopten medidas para proteger a ese tribunal.

"Las sanciones, últimas de una serie de medidas de represalia contra la CPI y su personal por la labor que realizan cada día para promover la rendición de cuentas por las violaciones más graves de los derechos humanos, son inaceptables", subrayó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas en un comunicado.

Türk señaló que no debe permitirse que estas medidas tengan efectos disuasorios para el trabajo de la CPI, por lo que instó a los 125 Estados parte del Estatuto de Roma -con el que se creó el tribunal- a adoptar "medidas urgentes" para defender su labor esencial y garantizar su funcionamiento.

"Tienen una obligación especial de proteger la institución que han creado", agregó el alto comisionado austríaco, quien recordó que en 2025 ya hubo sanciones de Estados Unidos contra funcionarios de la Corte Penal Internacional, mientras que Rusia llegó a condenar 'in absentia' a jueces del tribunal y a su entonces fiscal general.

El alto comisionado pidió la retirada de esas sanciones y reforzar el papel de la CPI en un momento de impunidad en los conflictos y crisis globales.

"Debemos invertir más en garantizar la justicia y la rendición de cuentas, en lugar de castigar a quienes documentan, investigan y persiguen judicialmente las violaciones graves", afirmó.

Aunque las sanciones coinciden con el anuncio este viernes del Premio Nobel de la Paz para la jurista sudafricana Navi Pillay, que ejerció como juez de la CPI entre 2003 y 2008, fuentes diplomáticas en La Haya aseguraron a EFE que Estados Unidos tenía ya previsto con anterioridad anunciar sanciones contra la Corte como "institución".