
El relator de la ONU en vivienda, Koldo Casla, ha criticado el desahucio de Maricarmen de su piso en el que llevaba viviendo 70 años en Madrid y ha reprochado a la jueza no haber suspendido el desalojo para "evitar un daño irreparable y para permitir que España cumpla con sus obligaciones internacionales de derechos humanos de buena fe".
Casla ha recordado, a través de su perfil en BlueSky, que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de la ONU, decretó medidas cautelares hace unos meses para suspender el desahucio temporalmente y ha asegurado que "no debe" producirse éste "sin alternativa habitacional".
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"Esto significa que todo desahucio que pueda dejar a alguien en la calle debe ser paralizado hasta que el Ayuntamiento o la Comunidad Autónoma ofrezca una alternativa viable y justa" . A su juicio, "no hay manera de entender de qué forma puede ser justificado primar la rentabilidad de una inversión inmobiliaria sobre el derecho a la vivienda de una mujer de 87 años que cobra 1.300 euros de pensión y lleva 70 años viviendo en esa casa".
Y cree que "un gran tenedor no debería tener permitido cambiar las condiciones de alquiler unilateralmente como paso previo para expulsar a un arrendatario de su vivienda". "Si la inversión no es rentable con inquilina dentro, que haga negocio en otra parte", ha añadido.
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En su opinión, "la legislación procesal requiere una enmienda" porque "este caso pone de manifiesto que la legislación española actualmente no garantiza un análisis de proporcionalidad individualizado..."
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