Bolivia acuerda con el FMI un plan trianual para eliminar el déficit, ajuste equivalente al 8,5% del PIB

El Gobierno de Bolivia ha acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un programa económico de 36 meses y respaldado por el Servicio Ampliado del Fondo (SAF) que incluye la eliminación total del déficit primario del sector público no financiero.

Según el memorando de políticas económicas y financieras publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, dicha medida supondrá un ajuste fiscal acumulado de alrededor del 8,5% del PIB entre 2026 y 2029.

El documento ha indicado que el presidente Rodrigo Paz ha heredado una economía sujeta a "vulnerabilidades sistémicas" caracterizadas por un desfase presupuestario del 11% y una deuda pública que ya superó el 80% en 2025.

Ante el agotamiento de las reservas internacionales y la brecha cambiaria, se ha cancelado la posibilidad de que el Banco Central de Bolivia (BCB) financie el gasto público. A su vez, el instituto emisor ha adoptado un régimen cambiario flexible tras unificar los tipos de cambio oficial y de referencia.

La estrategia de consolidación delineada se ha centrado primordialmente en el gasto, previendo la supresión total de las subvenciones a los combustibles a partir de 2027 para alcanzar unos precios que permitan cubrir costes.

Sin embargo, el Ejecutivo boliviano ha proyectado el refuerzo de la asistencia social y la remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional de una norma para la implantación de un registro social unificado.

El programa contempla también reducir la masa salarial del sector público por encima del 1% del PIB a lo largo del horizonte temporal del plan. Las autoridades bolivianas han situado la base monetaria como "ancla nominal" para reconducir la inflación desde el 14% augurado para finales de 2026 hacia tasas de un solo dígito en 2028.

El memorando ha anunciado, también, la puesta en marcha de pruebas de estrés bancarias y evaluaciones independientes de la calidad de activos bajo supervisión. El uso de los recursos aportados por el FMI requerirá del refrendo del poder legislativo.