Fiscalía ve un "avance significativo" en uso de pulseras para maltratadores y avisa de "déficits" en unidades forenses

La Fiscalía General del Estado constata en su memoria anual de 2025 un "avance significativo" en la implantación y utilización general a nivel nacional de los instrumentos de protección a las víctimas de violencia de género, incluidos los dispositivos telemáticos de control o pulseras para maltratadores, aunque advierte de "determinadas carencias y desigualdades territoriales" y avisa de "déficits" en las unidades de valoración forense integral.

"Se examina el funcionamiento de los distintos instrumentos de protección de las víctimas, entre ellos las valoraciones policiales y forenses del riesgo, las órdenes de protección y los dispositivos telemáticos de control. Aunque se constata un avance significativo en su implantación y utilización, la Memoria identifica también determinadas carencias y desigualdades territoriales que aconsejan proseguir los esfuerzos dirigidos a garantizar una respuesta homogénea y eficaz en todo el territorio nacional", señala la Fiscalía en su memoria, consultada por Europa Press.

En concreto, la institución alerta de "déficits" en las Unidades de Valoración Forense Integral --que ofrecen asistencia técnica especializada a los jueces en materia de violencia de género y sexual--. En concreto, apunta diversos factores que "condicionan de manera relevante" la adecuada prestación del servicio.

Entre otros, destaca "insuficiencia de personal, prestación del servicio sin exclusividad en la especialidad, retrasos en la emisión de los informes, ausencia de equipos de guardia para valoraciones urgentes, externalización creciente del servicio, falta de valoración conjunta de los profesionales; e inexistencia o implantación incompleta de unidades estables".

Esta fotografía, según señala, evidencia la necesidad de avanzar hacia "un modelo más uniforme y suficientemente dotado, que permita garantizar un acceso equitativo a la pericia forense integral en todo el territorio nacional, con capacidad para atender las demandas de las secciones especializadas tanto en el ámbito penal como en el civil", en cumplimento del renovado Pacto de Estado.

"Solo mediante una dotación homogénea y estable en todo el territorio será posible garantizar una respuesta pericial ágil y de calidad, que redunde en una protección eficaz de las víctimas", subraya.

PAPEL "FUNDAMENTAL" DE LOS INFORMES POLICIALES DE RIESGO (VIOGÉN 2)

Entre otros mecanismos de protección, la Fiscalía también destaca la "importancia" de los informes de valoración policial del riesgo (Viogén 2) "como elemento esencial del sistema de protección de las víctimas de violencia de género" y como "un instrumento decisivo para la adopción de medidas de protección eficaces".

"Esta Unidad mantiene su firme convicción sobre el papel fundamental que desempeñan estos informes -fruto de una revisión continua y de la experiencia profesional acumulada de la Secretaría de Estado de Seguridad-, junto a la plataforma técnica denominada Sistema VioGén-2", precisa.

Por ello, remarca que se ha intensificado la formación de los fiscales en el manejo y análisis de estas valoraciones y destaca, entre las iniciativas formativas previstas para 2026, un curso de formador de formadores en la especialidad, cuyo objetivo es capacitar a delegados de la red para que, durante 2027, puedan impartir formación especializada en todas las fiscalías territoriales. "El propósito es alcanzar, a corto/medio plazo, la formación integral de la totalidad de la plantilla", asegura.

204.342 DENUNCIAS EN LAS SECCIONES DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

Según recoge la memoria, citando datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2025 se registraron 204.342 denuncias en las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia o en aquellas secciones con competencia en dicha materia, un 2,64% más que en 2024; y 185.188 mujeres víctimas de violencia de género, un 0,7% más que en 2024.

Además, la memoria advierte del "incremento de trabajo" para los fiscales que ha supuesto la ampliación de las competencias de las Secciones de Violencia sobre la Mujer, tanto en el ámbito penal, como en el civil, tras la promulgación de la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entró en vigor el 3 de octubre de 2025.

Desde dicha fecha estas secciones extienden su jurisdicción a todos los delitos de violencia sexual, trata de mujeres, mutilación genital femenina, matrimonios forzados y acoso con connotación sexual, con independencia de la relación existente entre la víctima y el agresor, es decir, no circunscritos únicamente a los cometidos por la pareja o expareja.

En el ámbito civil, asumen nuevas competencias como reforzar la protección de los menores, permitiendo la modificación de las medidas acordadas por los juzgados civiles relativas a régimen de visitas, custodia o alimentos, entre otras.

"La asunción de estas nuevas competencias ha supuesto un incremento de trabajo para los fiscales encargados de la materia", apunta la Fiscalía. Si bien, precisa que este mayor volumen de trabajo es aún "difícilmente cuantificable" al haber estado la reforma en vigor durante "menos de tres meses" por lo que apunta que será en 2026 cuando se pueda determinar el incremento real producido.