Javier Otazu
Londres, 8 sep (EFE).- El Gobierno del primer ministro británico, Andy Burnham, tomó este martes su primera medida significativa en política exterior al prohibir el comercio de bienes y servicios procedentes de los asentamientos israelíes en Cisjordania y sancionar a las compañías que lo practiquen, una medida que su correligionario Keir Starmer nunca llegó a tomar y por lo que fue muy criticado.
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Aunque la decisión se tomó en aparente coordinación con once países más -diez europeos más Canadá-, es significativa en el caso del Reino Unido, el país donde reside la segunda comunidad judía más grande de Europa (unas 270.000 personas), tras la de Francia, una comunidad con un peso significativo en la política y la economía del país.
No es casual que este movimiento contra los asentamientos haya sido anunciado por el ministro de Exteriores, Ed Miliband, quien proclamó con "orgullo" su condición judía, antes de aclarar que no tiene nada que ver con el apoyo del Reino Unido al Estado de Israel y a su pueblo, ni en su combate contra el antisemitismo.
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Y aunque Miliband no lo dijo, también influye el hecho de que el Reino Unido acoge una de las mayores poblaciones musulmanas de Europa, con 4,1 millones de personas, población cuyos líderes e instituciones se muestran extremadamente críticos con Israel y con la política británica hacia este país.
A Miliband se le atribuye el alma más "izquierdista" del Gobierno de Burnham: en el anterior ejecutivo de Keir Starmer, en el que ocupó la cartera de Energía, tuvo una línea muy clara de apoyo a la energía verde -soportando por ello las críticas de la derecha y hasta de Estados Unidos-, mientras que en su puesto actual parece decidido a "enmendar" la línea de Starmer, comúnmente visto como demasiado complaciente con Israel.
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En su anuncio de este martes, Miliband fue más lejos que sus predecesores en la diplomacia británica, también cuando pronunció la expresión "limpieza étnica", de la que acusó a los colonos israelíes, una afirmación que todos los medios británicos destacaron de inmediato.
Hace ahora un año, Starmer dio otro paso significativo al reconocer el Estado palestino, en vísperas de la Asamblea General de la ONU, y también entonces el Reino Unido pareció esperar a que hubiera un consenso internacional en torno a la misma medida; de hecho, lo hizo de la mano de Francia, Canadá, Australia o Portugal, entre otros.
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Pero junto a ese reconocimiento, su respuesta a la guerra de Gaza y a los crímenes de Israel fue muy tibia, y no cambió pese a la salida a las calles de cientos de miles de manifestantes, en concentraciones que no se recordaban en este país.
Andy Burnham ya ha sufrido los primeros ataques desde Israel: el presidente del país Isaac Herzog dijo que estas sanciones eran "un grave error de cálculo" y una "injerencia flagrante" en los asuntos de Israel. Más radical, el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich pidió que se expulse al embajador británico, y el de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, ha sugerido que su país reconozca las islas Malvinas como argentinas.
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Queda por ver la reacción del presidente estadounidense Donald Trump, siempre muy pendiente de la política británica y que no ha ahorrado críticas a este Gobierno (y al anterior) por su tratamiento de la inmigración, sus políticas climáticas y por no haberse sumado a la guerra contra Irán, al negarse a prestar sus bases en el Índico a la aviación estadounidense implicada en operaciones ofensivas.
Desde dentro del Reino Unido, el Consejo de Liderazgo Judío, considerada la mayor organización judía británica, calificó la medida del Gobierno como "altamente irresponsable" y fue más lejos, al augurar que supone exponer más a los judíos británicos a posibles futuros ataques en su suelo. EFE
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