Chile cancela la adjudicación a Azvi de dos contratos de infraestructuras por más de 340 millones de euros

El Gobierno chileno ha confirmado la cancelación de la adjudicación provisional al grupo sevillano Azvi de los contratos de los Corredores de Transporte Público Ruta 160 y Ruta 150, más la autopista Concepción-Talcahuano, proyectos valorados en más de 400 millones de dólares (343 millones de euros).

El presidente José Antonio Kast ha alegado "razones presupuestarias" para justificar ante las autoridades de la región de Biobío la marcha atrás en la concesión, la cual le fue asignada a Azvi hace unos meses.

Ambas infraestructuras contemplaban un periodo de explotación de 20 años y llevaban aparejadas inversiones financiadas a través de un pago por disponibilidad. El programa ya contaba con la aprobación de los organismos técnicos.

Así, el Ejecutivo chileno ha desoído la carta que Azvi remitió al Ministerio de Obras Públicas para reducir el alcance del contrato de concesión y recortar los costes de construcción en un 20% sin afectación sobre los plazos comprometidos.

Sin embargo, pese a concurrir a las elecciones con un discurso pro-mercado y desregulador, Kast ejecutará, finalmente, las autopistas con cargo a los presupuestos nacionales.

OTRAS EMPRESAS DE INFRAESTRUCTURAS TEMEN IMPACTO

Las empresas españolas de infraestructuras con presencia en Chile, como Sacyr, OHLA, Abertis o el Grupo San José, temen, según 'Expansión', que este giro de 180 grados obedezca a que las iniciativas fueron lanzadas por el anterior Gobierno socialista de Gabriel Boric.

En este sentido, fuentes del sector advierten de que el viraje comportará retrasos de hasta cuatro años y un mayor riesgo financiero para el erario público en un momento en el que pretende ponerse coto al déficit fiscal.

REPUTACIÓN INVERSORA

El Instituto Coordenadas para la Gobernanza y la Economía Aplicada alertó el pasado 19 de agosto de que el coste reputacional para el país puede afectar a su atractivo inversor de cara al futuro.

"El problema no son los 400 millones suspendidos, sino el precedente. Existe un 'stock' superior a veinte iniciativas por más de 10.000 millones de dólares [8.574 millones de euros] ya adjudicadas que no han iniciado ni replanteo ni obras, y una cartera por licitar para 2026-2027 de 22 procesos por 8.016 millones [6.873 millones de euros]", ha explicado en un informe.

Aplicando los ratios oficiales de empleo del propio Ministerio de Obras Públicas, la cartera paralizada representa unos 95.000 empleos en suspenso. Con el multiplicador de 1,5 de la Cámara Chilena de la Construcción, se han congelado unos 12.000 millones de dólares (10.288 millones de euros) de actividad económica.

"Chile tiene por delante una brecha de infraestructuras de 250.000 millones de dólares [214.343 millones de euros] que no podrá cerrar sin capital privado. Y el capital privado tiene aversión al riesgo irracional", ha resumido el vicepresidente ejecutivo del Instituto, Jesús Sánchez Lambás.