
El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, ha impuesto una sanción a una empresa que organiza festivales de música en varias comunidades autónomas de España, al haber introducido diferentes cláusulas abusivas que limitan los derechos de las personas consumidoras.
La sanción, que asciende a 320.000 euros, se debe a lo que Consumo considera "cuatro infracciones graves", entre ellas la prohibición expresa de acceso al recinto con comida y bebida del exterior, además de registrar a los asistentes, así como la limitación del reacceso al recinto del festival. De hecho, los asistentes tuvieron que pagar una cantidad adicional a la propia entrada para poder entrar y salir del recinto durante la celebración del evento, explica en Ministerio.
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El departamento que dirige Bustinduy ha apuntado como otras prácticas abusivas la limitación del derecho de reembolso del dinero que los asistentes no se hayan gastado a través del medio de pago que la organización del festival ha establecido, en la cual habría incurrido la empresa.
Esta limitación del reembolso fue acotada por los organizadores, que establecieron un periodo de tiempo limitado para solicitarlo, además de imponer un cobro adicional en concepto de gastos de gestión por la devolución del dinero, así como la no devolución de cantidades sobrantes por importes inferiores a dos euros.
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Finalmente, la multa también considera que la empresa impuso gastos de gestión en la venta de entradas, tras "constatar" que el incremento de su precio no se correspondía con un servicio efectivamente prestado.
"Además de la multa económica, la sanción implica que esta empresa tiene la obligación de rectificar y de eliminar las cláusulas que se consideran abusivas. Así mismo, la sanción supone la conclusión de este expediente que abrió Consumo tras una denuncia presentada por Facua-Consumidores en Acción", añade Consumo.
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