Ambientalistas convocan a población salvadoreña a exigir que se prohíba minería metálica

San Salvador, 22 jul (EFE).- Un grupo de organizaciones ambientalistas llamó el miércoles a la sociedad salvadoreña a formar un frente común para exigir el restablecimiento de una ley que prohibía la minería metálica en el país centroamericano, derogada en diciembre de 2024.

"Llamamos, nuevamente, a todos los sectores del país a hacer un solo cuerpo frente a la amenaza extractivista y a exigir el restablecimiento de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica", indicaron las organizaciones en un comunicado.

Señalaron que, "en diciembre de 2024, la actual Asamblea Legislativa, por orden del Gobierno, aprobó una nueva ley que permite la minería y pone, otra vez, al país en graves peligros".

"La actual Ley General de Minería se aprobó sin ningún debate y contra la opinión de la mayoría de la población que no quiere minería", agregaron.

De acuerdo con las organizaciones, "a pesar del llamado de la Iglesia Católica, las iglesias históricas y organizaciones sociales que rechazan esa nefasta ley, la Asamblea se niega a derogarla; y el Gobierno avanza en la implementación de proyectos mineros".

Según una encuesta elaborada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (UCA), un 67,3 % de la población considera que la minería beneficia poco o nada a la población salvadoreña.

El Salvador mantuvo la prohibición de la minería metálica desde 2017, pero esta fue revertida por iniciativa legislativa del presidente Nayib Bukele, cuyo partido domina el Congreso y que aseguró que el país posee los yacimientos de oro "con mayor densidad por kilómetro cuadrado en el mundo".

No obstante, ninguna institución del Gobierno ha presentado estudios técnicos que comprueben lo señalado por el mandatario, tampoco se ha informado de los "beneficios" económicos que la explotación de oro en el país traerá a los ciudadanos.

Las organizaciones ambientalistas estiman que la explotación minera afectaría a alrededor de 4 millones de personas de la zona norte de El Salvador, que integra a los departamentos de Cabañas, Chalatenango, San Vicente, Morazán, San Miguel, Usulután y La Unión.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran Caminata Ecológica, Comunidades de Fe Organizadas en Acción (COFOA), Comunidades Eclesiales de Base (CEBS) del Bajo Lempa, Comunidades Históricas de Chalatenango, Comunidad San Francisco Angulo, entre otras. EFE