
La Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos (AESPD) ha exigido al Gobierno incentivos fiscales urgentes para frenar la escalada de los cuidados no profesionales durante este verano para dar cobertura a las familias. La patronal ha recordado la importancia de optar por servicios profesionales y empresas especializadas que ofrezcan garantías en la prestación del cuidado, tanto en términos de calidad asistencial como de seguridad jurídica y laboral.
AESPD ha recordado que, cuando se trata de abrir las puertas del hogar y confiar el bienestar de un familiar, la planificación y la seguridad jurídica deben prevalecer ante todo. "Por ello, es tan importante contar con una legislación favorable que fomente la contratación formal de los servicios de una forma accesible y asequible económicamente para las familias", argumenta la patronal.
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Según los datos de AESPD, las necesidades en cuidados y servicios en los hogares no dejan de crecer. Los hogares unifamiliares con personas mayores de 65 años ascienden a los 2 millones y un 40% de mujeres dejan de trabajar para atender a sus hijos.
"La verdadera tranquilidad de una familia no consiste solo en saber que hay alguien en casa con su padre, su madre o sus hijos. Radica en saber que esa persona es un profesional cualificado, respaldado por una estructura empresarial especializada y dentro de un marco legal que responde ante cualquier imprevisto", añade la entidad.
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Por ello, insisten en que optar por empresas especializadas no solo asegura la continuidad del servicio ante bajas o imprevistos, sino que garantiza que los profesionales estén seleccionados y contratados bajo la normativa vigente.
La patronal reconoce que el coste de un cuidado profesionalizado y regulado sigue siendo una barrera para muchos presupuestos familiares. Y también apuenta que mientras España registra "máximos históricos de afiliación" (22,47 millones de afiliados en junio), el sector del empleo doméstico "retrocede de forma preocupante, perdiendo 1.074 afiliaciones en el último periodo".
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Por ello, desde la asociación insisten en que la intervención del Gobierno es fundamental y reclaman políticas públicas activas e incentivos fiscales que faciliten a las familias la contratación regulada, evitando que la desesperación estival o la falta de recursos empujen a los hogares a la economía sumergida.
LOS RIESGOS DE CONTRATAR "SIN LA DEBIDA REGULACIÓN"
"Contratar sin la debida regulación pone en riesgo a la persona atendida y perpetúa la precariedad laboral de las trabajadoras del sector, privándolas de sus derechos y prestaciones sociales", ha señalado la presidenta de la asociación, Ana Garrido.
Así, recuerdan que elegir una empresa especializada permite contar con profesionales seleccionados y contratados conforme a la normativa vigente, con supervisión del servicio, continuidad en la atención y capacidad de respuesta ante cualquier imprevisto.
La contratación a través de empresas debidamente autorizadas es, en palabras de la patronal, la mejor vía para dignificar una profesión esencial, garantizando la protección social del empleado y la máxima calidad asistencial para las familias. De este modo, la asociación quiere poner el foco en la importancia de planificar, en un momento en el que las necesidades familiares cambian y la demanda de servicios se intensifica.
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