Los Ángeles (EE.UU.), 16 jul (EFE).- El Gobierno del presidente Donald Trump ha puesto el pie en el acelerador para restringir la permanencia legal de extranjeros al limitar el acceso a la llamada ‘tarjeta verde’ (‘green card’) y el tiempo en que estudiantes y periodistas extranjeros pueden permanecer en el país, entre otras cortapisas.
La Casa Blanca publicará esta semana en el Registro Federal dos reglas que se venían cocinando desde el año pasado, en línea con las promesas hechas por el republicano para robustecer los controles migratorios.
El objetivo del Ejecutivo es reducir las oportunidades para los extranjeros de permanecer legalmente en el país, que quedan, en la mayoría de los casos, a discreción de los funcionarios de inmigración que revisan los casos.
El próximo 18 de septiembre entra en vigor una nueva norma que otorga a los funcionarios de inmigración la facultad de denegar la residencia permanente a solicitantes que consideren que pueden ser "una carga pública" al obtener beneficios públicos.
Desde su primer gobierno (2017-2021), Trump vetó a los inmigrantes que hubieran solicitado asistencia social para alimentación, vivienda, o cuidado de la salud, como el programa público Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), lo que dejó a muchos indocumentados que vivían en Estados Unidos sin posibilidad de optar por la residencia permanente.
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La regla también se aplica a extranjeros que buscan la visa de inmigrante, que no puedan demostrar una solvencia económica para residir en el país sin obtener beneficios públicos.
La Casa Blanca ya había impuesto una medida para denegar a visas de inmigrante a extranjeros con enfermedades crónicas, como cáncer y obesidad, bajo la premisa de que dichas personas podrían depender posteriormente de la salud pública.
A esto se suma el anuncio de mayo pasado que requiere a los indocumentados que buscan un ajuste de estatus hacerlo mediante el trámite consular en las embajadas estadounidenses de sus países de origen, lo que los obligaría a salir del país y enfrentar posibles inconvenientes antes de obtener la residencia permanente.
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también anunció este jueves una regla que afecta los visados F (estudiantes universitarios, J (estudiantes de intercambio) e I (representantes de medios de comunicación extranjeros) al reducir el tiempo de estadía legal.
Aunque el Gobierno estadounidense ha dado la posibilidad a los favorecidos por estas visas a solicitar extensiones de las mismas, los extranjeros tendrán que hacerlo de manera mucho más frecuente y, además, los expone a una posible negativa.
La Administración republicana ha argumentado que los cambios están dirigidos a reducir la población indocumentada. En el caso de las visas, el DHS ha subrayado que muchos antiguos estudiantes de intercambio han logrado permanecer en el país de manera ilegal tras la expiración de sus visados gracias a la laxitud del sistema actual, un argumento similar esgrimido contra los estudiantes universitarios extranjeros.
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En el caso de los indocumentados que buscan ajustar su estatus, el Gobierno busca cerrar la oportunidad a aquellos de bajos recursos y ponerlos en la mira de las deportaciones.
Los defensores de los inmigrantes han advertido que las medidas aumentan la posibilidad de discriminar a los solicitantes.
En todos los procesos, el Ejecutivo ha instruido a los funcionarios migratorios a considerar todos los factores e información pertinentes caso por caso al determinar si un extranjero merece el alivio migratorio o la visa. EFE
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