Bangkok, 15 jul (EFE).- El Tribunal Supremo de Singapur falló a favor de dos ministros del Gobierno en una demanda por difamación contra Bloomberg, debido a un artículo que señalaba operaciones inmobiliarias dudosas de ambos funcionarios, y ordenó al medio estadounidense pagar una multa de 356.000 dólares por daños a los políticos.
El ministro de Interior y para la Seguridad Nacional, K Shanmugam; y el ministro del Trabajo, Tan See Leng; celebraron la decisión de la Corte, dada a conocer el lunes, al tiempo que reiteraron sus críticas al medio por el texto periodístico en cuestión -publicado en diciembre de 2024-, que calificaron de falso y malicioso.
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A través de Facebook, Shanmugam destacó que el artículo fue un ataque deliberado contra la integridad personal y la reputación profesional de ambos ministros, al contener alegatos sobre la posibilidad de que ellos podrían haber incurrido en lavado de dinero en la próspera ciudad-Estado.
En Bloomberg "idearon una coartada para encontrar una manera de publicar una historia sobre nosotros" y "tomaron la decisión editorial deliberada de caracterizar mi transacción como material de ataque político", sostuvo.
Entre los puntos más graves del texto, a juicio del ministro, están los señalamientos de que los ministros "mantenían en secreto ante el público" y el Gobierno algunas operaciones inmobiliarias, algo que -insistió- es completamente falso y fácilmente demostrable.
"El tribunal determinó que Bloomberg falló en los estándares de periodismo responsable. Hicieron acusaciones 'muy graves' de irregularidades —incluido el lavado de dinero— contra nosotros y tampoco nos dieron la oportunidad adecuada para responder", añadió Shanmugam.
Ambos ministros anunciaron que donarán la indemnización a organizaciones benéficas, lo que suma los 356.000 dólares de la multa impuesta por el Supremo de la isla semiautocrática, en la que existen férreas leyes para mantener el orden público.
El caso judicial invocó la ley POFMA, un marco muy estricto de Singapur, criticado por organizaciones que defienden la libertad de expresión, pues permite al Gobierno ordenar a los medios que pongan correcciones o retiren contenido considerado falso.
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