
El juicio político abierto contra la vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, hija del expresidente Rodrigo Duterte, se encuentra ya en su segunda semana consecutiva e incluye ahora nuevos testimonios, si bien se espera que el proceso dure casi tres meses en total desde su inicio.
El proceso se ha reanudado este lunes, después de que el agente de la Oficina Nacional de Investigaciones (NBI), John Mark Calilung, testificara la semana pasada, también en lo referente al artículo IV del proceso de 'impeachment', que hace referencia a las amenazas vertidas por Duterte contra el actual presidente del país, Ferdinand Marcos Jr, y varios miembros de su familia.
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A partir de ahora, se sumarán al proceso Zuleika Lopez, portavoz de la vicepresidenta, así como Belinda Bello, directora de la Oficina de Seguridad Legislativa de la Cámara de Representantes de Filipinas, según informaciones recogidas por el diario 'The Philippines Star'.
El juicio político comenzó la semana pasada en el Senado, que ejerce de tribunal. Se espera que el proceso ponga a prueba la capacidad de la Fiscalía y la defensa para abordar los artículos más delicados de los cargos que es han impuesto contra Duterte, incluyendo aquellos relacionados con sus declaraciones, los fondos con los que cuenta y su presunto abuso de poder.
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La vicepresidenta hace frente a acusaciones por presunto malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito y amenazas contra el presidente del país, la primera dama y un expresidente de la Cámara de Representantes, si bien ha negado todos los cargos y ha calificado las acciones adoptadas como una cuestión meramente política.
En caso de ser declarada culpable por el Senado, podría ser destituida e inhabilitada para el desempeño de cargos públicos, lo que truncaría sus aspiraciones para presentarse como candidata a la Presidencia en 2028.
Las relaciones entre las familias Marcos y Duterte han empeorado significativamente durante los últimos años, especialmente de cara a las elecciones generales de mitad de mandato celebradas en 2025, si bien la figura de Rodrigo Duterte sigue salpicando la política filipina dado que se encuentra encarcelado en La Haya, Países Bajos, a la espera de que el Tribunal Penal Internacional (TPI) lo someta a juicio por presuntos crímenes contra la humanidad.
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