La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha aplaudido este jueves el anuncio de la Comisión Europea de un nuevo régimen de sanciones contra quienes participan de delitos graves como el tráfico de migrantes, la trata de seres humanos, el narcotráfico o el blanqueo de capitales del crimen organizado, insistiendo en que refleja el cambio de enfoque europeo sobre la migración que defiende precisamente Italia.
"Queríamos cambiar el enfoque europeo sobre la migración, hacerlo más concreto, más responsable y más atento a la seguridad de los ciudadanos. Los hechos demuestran que esa dirección está empezando a tomar forma", ha afirmado la dirigente italiana en un mensaje en redes sociales en el que califica de "señal importante" el nuevo instrumento anunciado por Bruselas.
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De esta forma, Meloni ha dicho que "golpear a estos grupos" supone "actuar sobre la raíz de un fenómeno que obtiene beneficios a costa de la vida de las personas, alimenta la inseguridad y pone en riesgo vidas humanas".
"Europa está avanzando por fin en la dirección que nuestro Gobierno ha defendido con determinación: combatir a los traficantes de seres humanos y reafirmar el principio de que el fenómeno migratorio debe ser gestionado, no padecido", ha indicado, señalando la convergencia de Bruselas con la visión de su Ejecutivo.
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Meloni ha indicado así que Italia seguirá trabajando para influir en el enfoque europeo y que el continente "sepa defender sus fronteras, combatir a las organizaciones criminales y gestionar los flujos migratorios con responsabilidad y humanidad, pero también con firmeza"
El Ejecutivo europeo ha propuesto establecer un nuevo régimen de sanciones que permita congelar activos y vetar la entrada en la Unión Europea a quienes participan de delitos como el tráfico de migrantes. El objetivo es que este régimen --que necesita aún el apoyo por unanimidad de los 27 para ser adoptado-- permita reaccionar de manera "coordinada" para poder activar sanciones "rápidas, proporcionadas y revisadas periódicamente".
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En concreto, las medidas coercitivas posibles dentro de este marco serían, por un lado, la inmovilización de activos y la prohibición de poner fondos u otros recursos económicos a disposición de las personas o entidades incluidas en la lista y, por otro, la prohibición de viaje para impedir la entrada en los Estados miembro o el tránsito por ellos de personas incluidas en la lista.
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