
La comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo ha respaldado este jueves una propuesta para acelerar la concesión de permisos a proyectos de energías renovables, redes eléctricas, instalaciones de almacenamiento y puntos de recarga, con el objetivo de reducir los retrasos administrativos que frenan su despliegue en la Unión Europea.
El texto, que aún tiene que ser aprobado en la sesión plenaria y servirá de base para negociar con los Estados miembro, plantea acortar los plazos de tramitación, crear una ventanilla única digital en cada país para centralizar los procedimientos y reforzar la consideración de estos proyectos como de interés público superior, limitando las excepciones que los gobiernos nacionales puedan establecer.
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Entre los principales cambios, los eurodiputados proponen que los procedimientos para conectar nuevos proyectos a la red eléctrica no puedan prolongarse más de tres meses y que, una vez superado ese plazo, determinados expedientes puedan entenderse aprobados por silencio administrativo. También fijan nuevos plazos máximos de entre seis y nueve meses para las conexiones a la red, en función de la ubicación y la tecnología empleada.
Asimismo, la comisión parlamentaria plantea elevar de 100 a 200 kilovatios el umbral a partir del cual será necesario solicitar autorización administrativa para pequeñas instalaciones solares, sistemas de almacenamiento energético y puntos de recarga. Además, las estaciones de recarga con una potencia instalada igual o inferior a un megavatio ubicadas sobre estructuras artificiales quedarían exentas de este requisito.
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La propuesta también amplía la presunción de interés público superior para los proyectos de energías renovables y de redes eléctricas, al tiempo que limita la posibilidad de que los Estados miembro introduzcan restricciones o excepciones, salvo cuando resulten estrictamente necesarias para proteger bienes declarados formalmente como patrimonio cultural.
En materia de conexión a la red, los eurodiputados reclaman además una mayor transparencia en los procedimientos y nuevas reglas para agilizar la tramitación, al considerar que las actuales demoras constituyen uno de los principales obstáculos para el desarrollo de nuevas infraestructuras energéticas.
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El texto aprobado reduce además de 10 a 7 megavatios el umbral a partir del cual los promotores deberán compartir parte de los beneficios económicos de los proyectos con las comunidades locales afectadas, si bien exime de esta obligación a las comunidades energéticas y a los proyectos impulsados por ciudadanos. Los eurodiputados defienden, además, que los hogares vulnerables reciban una parte adecuada de esos beneficios.
Por otro lado, la propuesta introduce un plazo máximo de un mes para conceder permisos a bombas de calor con una potencia inferior a 50 megavatios --tres meses en el caso de las geotérmicas--, también con posibilidad de aprobación tácita si la administración no responde dentro del plazo establecido.
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