HRW denuncia que las "ejecuciones extrajudiciales" en la "campaña antidrogas" de Filipinas no han cesado

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este miércoles que "la Policía filipina y sus agentes llevan a cabo ejecuciones extrajudiciales con impunidad como parte de la campaña antidrogas del Gobierno", pese a que esta fue emprendida diez años atrás por el entonces presidente Rodrigo Duterte (2016-2022), detenido en La Haya desde 2025 y acusado ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes de lesa humanidad de asesinato e intento de asesinato en el marco de dicha campaña.

"Desde que Duterte inició su sangrienta 'guerra contra las drogas' hace una década, los filipinos siguen siendo asesinados a pesar de la promesa del presidente Marcos de emprender una campaña más humana contra las drogas", ha declarado la investigadora para el Sudeste Asiático de Human Rights Watch, Lian Buan.

Por ello, Buan ha alegado que el actual presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., "debería declarar el fin de la 'guerra contra las drogas' y ordenar investigaciones sobre los asesinatos relacionados con las drogas cometidos por la policía y otros".

Tras ganar las elecciones de 2022, Marcos prometió abordar el problema de las drogas mediante la "rehabilitación y el desarrollo socioeconómico", sucediendo a una presidencia de Duterte en la que, según la propia Policía filipina, unas 6.200 personas murieron durante las operaciones antidrogas del Gobierno, si bien varias organizaciones de Derechos Humanos sostienen que la cifra podría ascender a 30.000.

Sin embargo, HRW ha anotado que Marcos, quien "nunca ha repudiado la 'guerra contra las drogas'" como política gubernamental, "aún no ha revocado las órdenes y demás declaraciones políticas emitidas por Duterte" y anunció en 2025 el regreso a las operaciones antidrogas locales.

En este sentido, desde que el actual dirigente asumiera el cargo en junio de 2022, se han registrado 1.273 asesinatos en el marco de la campaña antidrogas, según el seguimiento independiente llevado a cabo por Proyecto Dahas.

Al hilo, HRW alude a un estudio de 2025 del Centro Filipino de Información sobre Derechos Humanos (PhilRights), una organización de la sociedad civil que da seguimiento a la referida "guerra contra las drogas" y según la cual, "si bien las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en operaciones policiales han disminuido, las detenciones ilegales han aumentado".

Además, Human Rights Watch ha lamentado que "la rendición de cuentas interna por los asesinatos sigue siendo lamentablemente insuficiente", señalando que desde 2016, solo cinco asesinatos relacionados con la "guerra contra las drogas" han resultado en la condena, para un total de nueve policías sentenciados.

En este contexto, la investigadora de la ONG Lian Buan, que ha rechazado como "vacía" la posibilidad defendida por el Gobierno de Marcos de "una campaña antidrogas incruenta", ha argumentado que el mandatario "debe garantizar el respeto a los derechos de todos los filipinos", así como "poner fin a esta cruel 'guerra contra las drogas' de una vez por todas".

Además, ha reivindicado que el Ejecutivo debe "arrestar y entregar al TPI" al senador y exjefe de la Policía Nacional Ronald Dela Rosa, reclamado por el tribunal de La Haya por el crimen de lesa humanidad de asesinato en una orden de arresto que cita la publicación en 2016 de la política nacional antidrogas para la Policía Nacional de Filipinas, que instruía a los agentes a "neutralizar" a los presuntos delincuentes.

Dela Rosa llegó a atrincherarse a mediados de mayo en las instalaciones del Senado, con el apoyo y protección de un nutrido número de aliados, en una breve reaparición en la Cámara marcada por un tiroteo tras la que se dio a la fuga. Desde entonces, las autoridades filipinas han manifestado que tienen por objetivo arrestarlo.

De hecho, este mismo lunes, la Policía advirtió que tiene órdenes "de detener al senador Bato", por lo que si apareciese en el juicio político para la destitución de la vicepresidenta del país, Sara Duterte, ante el Senado, los "agentes de Policía lo detendrán", según informó la portavoz del cuerpo Allen Rae Co en una rueda de prensa recogida por la agencia filipina GMA.

Sara Duterte, hija del expresidente Rodrigo Duterte, hace frente a acusaciones por presunta malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito y amenazas contra el presidente del país, Ferdinand Marcos Jr., la primera dama y un expresidente de la Cámara de Representantes, si bien ha negado todos los cargos y ha calificado las acciones adoptadas como una cuestión meramente política.

En caso de ser declarada culpable por el Senado, podría ser destituida e inhabilitada para el desempeño de cargos públicos, lo que truncaría sus aspiraciones para presentarse como candidata a la Presidencia en 2028.