Tres juezas del TPI sujetas a sanciones de EEUU demandan a la Administración Trump

Tres magistradas del Tribunal Penal Internacional (TPI) han presentado este miércoles una demanda contra la Administración de Donald Trump por la imposición de sanciones contra ellos, una medida que Washington tomó en represalia por su participación en distintos casos, entre ellos los crímenes de Israel en la Franja de Gaza.

Se trata de las juezas Kimberly Prost, de Canadá; Solomy Balungi Bossa, de Uganda; y de Reine Adelaide Sophie Alapini-Gansou, de Benín; que una denuncia presentada ante el tribunal federal para el distrito sur de Nueva York que considran la medida "manifiestamente ilegales".

"Las demandantes alegan que la orden ejecutiva (14203) excede la autoridad legal porque viola el Derecho Internacional, contradice otras leyes del Congreso y se basa en una supuesta emergencia nacional inexistente", ha indicado en un comunicado la ONG Open Society Foundation, que representa a la magistrada canadiense.

Las tres juezas sostienen que las sanciones de las que son objeto son "arbitrarias, caprichosas y contrarias a la ley, en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo", mientras que Prost y Bossa consideran además que la congelación de activos bancarios "viola el debido proceso" en virtud de la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense.

"Estas sanciones equivalen a una pena de muerte financiera", ha denunciado la ONG, al recordar que los afectados no pueden acceder a tarjetas de crédito, plataformas digitales, servicios bancarios y seguros médicos, y tampoco participar en actos celebrados en el país norteamericano.

"Estos jueces están siendo castigados por ejercer sus funciones judiciales de forma independiente, al emitir fallos con los que la Administración Trump no está de acuerdo. Se trata de un intento de presionarlos para que emitan fallos futuros más favorables a la Administración", ha denunciado el director de la Open Society Justice Initiative de la ONG, James Goldston.

Se trata de la quinta denuncia interpuesta para impugnar las sanciones pero la primera presentada por miembros del TPI. Además de las tres demandantes --quienes han participado en casos relacionados con Afganistán o Israel--, hay otros cinco magistrados de la corte sancionados por la Administración Trump.

La orden afecta además al fiscal jefe del TPI, Karim Jan; los dos fiscales adjuntos, aparte de dos organizaciones palestinas de Derechos Humanos y la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese.