
Las comisiones de Comercio Internacional y Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo han dado este martes luz verde a la adopción definitiva a la modernización de la relación comercial y política entre la Unión Europea y México, primer paso en la institución para cumplir el proceso de ratificación.
La Unión Europea y México cuentan desde el año 2000 con un Acuerdo Global que sienta las reglas de sus relaciones comerciales y políticas, pero les ha llevado una década negociar una revisión que actualice el marco de asociación acorde a las nuevas necesidades y tensiones geopolíticas que ahora se materializa con dos acuerdos, el que actualiza el marco global y otro provisional sobre las cuestiones comerciales de competencia europea, que también se espera que sea adoptado definitivamente en julio.
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En estos 25 años desde que se estableció el primer acuerdo global, el comercio de bienes entre la UE y México se ha cuadruplicado y, en la actualidad, más de 43.000 empresas europeas exportan a México, en su mayoría pymes, mientras que más de 11.000 empresas de la UE operan en el país.
En la cumbre bilateral del pasado mayo, la Unión Europea y México firmaron los acuerdos y dieron luz verde a la entrada provisional de la parte comercial, pero para que puedan entrar en vigor definitivamente, tanto la dimensión comercial como el resto del Acuerdo de Asociación Estratégica Política, Económica y Cooperación necesitan la adopción formal por parte de la Eurocámara y del Consejo (gobiernos).
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Así las cosas, tras la votación de este martes en comisión parlamentaria, la tramitación sigue adelante y está previsto que el pleno del Parlamento Europeo se pronuncie en la sesión plenaria del próximo julio en Estrasburgo (Francia).
Del acuerdo de modernización de las relaciones que busca construir una "asociación estratégica integral", la Unión Europea espera que beneficie especialmente a más de 45.000 empresas de la UE que exportan a México, en su mayoría pymes.
También establece aranceles más bajos y una mayor protección de las indicaciones geográficas, mejorará el acceso a la contratación pública para las empresas europeas y fija un marco político de cooperación reforzado.
El nuevo régimen aborda un amplio abanico de áreas como la seguridad y justicia, el desarrollo sostenible y el cambio climático, la transformación digital y los Derechos Humanos; con el compromiso de reafirmar la defensa de valores compartidos como son el Estado de derecho, el multilateralismo y la protección de derechos fundamentales.
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En este marco, la UE y México preven mantener un diálogo periódico de alto nivel sobre Derechos Humanos, seguridad y justicia y sobre cómo afrontar, prevenir y combatir la corrupción.
En cuanto al ámbito comercial, el objetivo es "impulsar significativamente" el acceso al mercado mediante la eliminación de la mayoría de los aranceles aduaneros restantes, la mejora del acceso a los mercados de contratación pública y la apertura de oportunidades de inversión y servicios.
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En particular, el pacto eliminará los altos aranceles sobre exportaciones clave de la UE, especialmente productos agroalimentarios, y mejorará las condiciones para sectores como la maquinaria, los productos farmacéuticos y los equipos de transporte.
En su posición, los eurodiputados estiman que, en el escenario más ambicioso, las exportaciones totales de bienes y servicios de la UE podrían aumentar un 75%, mientras que las empresas de la UE podrían ahorrar hasta 100 millones de euros anuales en derechos de aduana.
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Asimismo, garantizará la protección de cientos de indicaciones geográficas europeas, para salvaguardar los productos regionales distintivos de alimentos y bebidas en el mercado mexicano.
También refuerza la cooperación en materia de materias primas críticas e incluye normas avanzadas sobre aduanas y facilitación del comercio, protección de la propiedad intelectual, contratación pública, comercio digital y competencia, así como disposiciones que garantizan la igualdad de condiciones entre las empresas de la UE y México.
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Finalmente, contiene un capítulo "exhaustivo" sobre comercio y desarrollo sostenible, con compromisos vinculantes en materia de derechos laborales, protección del medio ambiente y acción climática, además de mecanismos para la participación de la sociedad civil.
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