
Las autoridades de Estados Unidos han informado este martes del desalojo del centro de detención de inmigrantes en el estado de Florida conocido como 'Alligator Alcatraz' o Alcatraz de los caimanes --por los reptiles que pueblan la circundante zona pantanosa de los Everglades--, una acción que han justificado "por la seguridad" de los detenidos ante la temporada de huracanes en la región y recordando que "nunca" se iba a tratar de unas instalaciones permanentes.
"Por la seguridad de los detenidos indocumentados, los trasladamos a otras instalaciones", ha indicado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de (ICE, por sus siglas en inglés) en un comunicado recogido por Bloomberg en el que la agencia apunta al inicio de la temporada de huracanes en la región.
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Según los datos más recientes del ICE, que no ha dado cifras exactas ni destinos de los traslados, más de 1.300 personas se encontraban arrestadas en el centro de detención hasta abril.
Su desalojo llega después de que el gobernador de Florida, el republicano Ron de Santis, declarara que el campamento estaba concebido como temporal. "Nunca pensamos convertirlo en una instalación permanente", ha afirmado este mismo martes DeSantis, que ha destacado que "ha cumplido una función importantísima".
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De hecho, el gobernador republicano ha afirmado en rueda de prensa que más de 20.000 inmigrantes detenidos en el estado habían pasado por el campamento desde su apertura en julio, pero que ahora, con abundantes fondos federales, el ICE no necesita usar las instalaciones para albergar a inmigrantes detenidos en redadas migratorias de Trump.
Construido en tan solo ocho días en un terreno rodeado de los humedales de los Everglades, infestados de mosquitos y caimanes, el Alligator Alcatraz acaparó la atención nacional el día de su inauguración, cuando DeSantis llevó al presidente a recorrer las instalaciones cuyo funcionamiento cuesta un millón de dólares diarios, según los registros estatales recogidos por Bloomberg, .
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Además, inmigrantes detenidos, abogados y defensores de derechos civiles han luchado durante mucho tiempo para lograr el cierre de la cárcel, argumentando, entre otras cosas, que los detenidos se encuentran en condiciones precarias. Otros grupos han cuestionado su funcionamiento por motivos ambientales.
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