La madrugada de este lunes, integrantes del colectivo ¡Aquí No! y comunidades indígenas mayo-yoreme tomaron de manera pacífica e indefinida la entrada de la planta de amoniaco de Gas Petroquímica de Occidente (GPO), filial mexicana del grupo Proman, ubicada en la bahía de Ohuira, en Sinaloa.
Los manifestantes aseguran que la operación de la megaplanta representa una amenaza para el ecosistema local y para la permanencia de los pueblos originarios de la región. Por ello, instalaron un plantón desde las 4:00 de la mañana y advirtieron que permanecerán en el lugar hasta obtener una respuesta del Gobierno federal.
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Comunidades indígenas mantienen bloqueo indefinido
El gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, Felipe Montaño Valenzuela, informó que entre 150 y 200 personas participan en la ocupación de los accesos a la planta.
“Aquí nos quedaremos el tiempo que sea necesario, tiempo indefinido, hasta tener respuesta del Gobierno federal”, declaró el líder indígena.
Las comunidades de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Ríos consideran esta acción como un momento histórico dentro de los más de 12 años de resistencia contra la construcción de la planta de amoniaco.
Según Montaño, el acuerdo de las comunidades es impedir el ingreso de personal a las instalaciones mientras no exista una resolución sobre el futuro del proyecto.
Exigen cancelación definitiva de la planta de amoniaco
La principal demanda de los manifestantes es la cancelación y clausura definitiva de la planta, que registra un avance cercano al 88 % y es considerada una de las más grandes de su tipo en el mundo.
Además, exigen la reparación de los daños ambientales que, aseguran, ya se han generado en la zona debido a la tala de manglares y al relleno de aproximadamente 28 hectáreas de humedales.
Los inconformes también solicitaron la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para sancionar las afectaciones ambientales y garantizar la restauración del ecosistema.
Alertan por impacto ambiental en humedal protegido
Uno de los principales argumentos de las comunidades indígenas es que la planta se ubica cerca del humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, reconocido como sitio Ramsar, categoría que distingue a los humedales de importancia internacional.
De acuerdo con los opositores al proyecto, la operación de la planta podría afectar gravemente la biodiversidad de la región y comprometer actividades económicas tradicionales de las que dependen cientos de familias.
Asimismo, rechazan que el megaproyecto sea trasladado a otra zona de Sinaloa, al considerar que los riesgos ambientales se mantendrían independientemente de su ubicación dentro del estado.
Semarnat y Profepa analizan el futuro del proyecto
La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, y la procuradora federal de protección al ambiente, Mariana Boy, sostuvieron recientemente reuniones con representantes del movimiento.
Las dependencias federales han informado que realizarán estudios ambientales y revisarán el cumplimiento de la normatividad vigente antes de determinar si el proyecto puede continuar o debe ser cancelado.
Sin embargo, los representantes indígenas consideran que los daños al ecosistema ya son evidentes y temen que los procedimientos de evaluación retrasen la atención de un problema que califican como urgente.
Comunidades recuerdan fallo de la Suprema Corte
La oposición al proyecto se remonta a 2014, cuando las comunidades mayo-yoreme comenzaron una batalla legal para exigir el respeto a su derecho a la consulta indígena.
El conflicto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en 2022 emitió resoluciones relacionadas con el proceso de consulta a las comunidades afectadas.
Los opositores sostienen que las consultas posteriores estuvieron marcadas por irregularidades y reiteran que continuarán defendiendo su territorio ante cualquier intento de reactivar o consolidar la operación de la planta.
Naciones Unidas alertó sobre posibles riesgos del megaproyecto
El movimiento ¡Aquí No! señaló que organismos de Naciones Unidas han advertido a los gobiernos de México, Alemania y Suiza sobre los posibles riesgos asociados a la planta de amoniaco.
Entre las preocupaciones expuestas se encuentran eventuales fugas químicas, contaminación ambiental y afectaciones a las comunidades que dependen del ecosistema de Topolobampo para su subsistencia.
De acuerdo con los opositores, alrededor de 6 mil 600 personas podrían verse impactadas por las consecuencias ambientales y sociales derivadas de la operación de la megaplanta.
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