Acreedores por las renovables afirman que España ha rechazado una 'tregua' judicial en EE.UU. ante el Mundial

El Gobierno español ha rechazado una oferta de los acreedores por los impagos de los laudos arbitrales internacionales por los recortes a las renovables en 2013 para suspender las medidas de ejecución que afectan a activos e intereses del Estado, y con la que amenazan ahora en pleno Mundial de Fútbol 2026, a cambio de la constitución de una fianza ante los tribunales estadounidenses que sería liberada una vez agotados los recursos legales de España en el país, según informaron en fuentes próximas a los fondos.

En concreto, la propuesta tomaba como modelo una fianza constituida recientemente por España en Bélgica tras la imposición de medidas cautelares que afectaban a aproximadamente 800 millones de euros en activos públicos españoles.

En el marco de ese acuerdo, el alcance de las medidas quedó reducido a unos 250 millones de euros, importe depositado por el Reino de España en una cuenta bancaria bloqueada a la espera del resultado final de los procedimientos en curso, añadieron las mismas fuentes, que destacaron que esa medida redujo temporalmente la presión judicial y creó un espacio para que el proceso litigioso pudiera continuar sin necesidad de ampliar las medidas de ejecución.

Según fuentes próximas a los acreedores, la propuesta presentada al Gobierno español "tenía como objetivo específico replicar este enfoque cooperativo y de desescalada, evitando nuevas acciones de ejecución al tiempo que se exploraban soluciones compatibles con las obligaciones internacionales de España".

No obstante, en el caso de Bélgica se consignó esa cantidad ya que existía un embargo sobre las cuentas de Enaire, aunque el caso en Estados Unidos no es similar.

En concreto, la propuesta fue presentada por el despacho King & Spalding, a través de su abogado principal Matthew McGill, en nombre de los acreedores.

Fuentes de los fondos subrayaron que España ha argumentado en otros contextos que le estaba prohibido por la Comisión Europea constituir dicha fianza. Sin embargo, estimaron que el acuerdo belga "demuestra de forma inequívoca que ya lo ha hecho".

CONTINUAR EJERCIENDO LOS DERECHOS QUE LES OTORGAN LOS LAUDOS.

Ante esta negativa, los acreedores consideraron que actualmente "no existe alternativa viable más que continuar ejerciendo los derechos que les otorgan los laudos arbitrales y las sentencias judiciales obtenidas en múltiples jurisdicciones internacionales".

Las mismas fuentes apuntaron que España tiene actualmente pendientes de pago cerca de treinta laudos arbitrales internacionales derivados de los cambios retroactivos introducidos en su régimen de energías renovables, y que los procedimientos de ejecución continúan avanzando en múltiples países.

Así, solo en los Estados Unidos, los inversores han obtenido ya siete sentencias federales firmes a su favor, por un importe total cercano a los 700 millones de euros. Además, los acreedores han logrado resoluciones favorables o mantienen procedimientos activos en jurisdicciones como Bélgica, los Países Bajos, el Reino Unido, Australia y Singapur.

La semana pasada los acreedores habían ampliado significativamente el registro de una de estas sentencias federales estadounidenses en numerosos distritos judiciales correspondientes a ciudades que acogerán partidos del Mundial de Fútbol FIFA 2026, facilitando así futuras labores de descubrimiento de activos, obtención de información y ejecución.

SEÑALAN QUE NO PUEDEN ACEPTAR UNA SITUACIÓN PERMANENTE DE IMPAGO.

Fuentes próximas a los procedimientos indicaron que, tras el rechazo de la propuesta de negociación, el programa de notificaciones judiciales, solicitudes de información y medidas de rastreo de activos "se está intensificando en varias jurisdicciones" y advirtieron de que "no pueden aceptar lo que consideran una situación permanente de impago, que estiman incompatible con los principios fundamentales del Estado de derecho internacional y el respeto a las resoluciones dictadas por tribunales y órganos arbitrales independientes".

De esta manera, con la puerta abierta a alcanzar una solución negociada, aseguraron que tienen previsto "continuar empleando todos los instrumentos legales disponibles para garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones reconocidas judicialmente".

"La puerta sigue abierta a una solución negociada*, declararon los acreedores. Pero mientras España continúe rechazando vías razonables de resolución, los procedimientos de ejecución seguirán avanzando en todos los ámbitos en que los tribunales hayan reconocido nuestros derechos", recalcaron.