Ciudad de México, 3 jun (EFE).- Organizaciones como Amnistía Internacional (AI), Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras (SF) condenaron el secuestro de la periodista mexicana Roxana Berenice Guzmán, ocurrido en la víspera en el estado de Veracruz (este), y exigieron la localización pronta de la comunicadora.
Los organismos internacionales exigieron a las autoridades federales y estatales “desplegar todos los recursos necesarios para su búsqueda”, así como mantener informada a la familia de la periodista.
Guzmán, directora y reportera del medio Pulso Informativo del Sureste, fue secuestrada en el municipio de Nanchital, tras la irrupción violenta a su domicilio de un grupo de hombres armados, rapto que quedó registrado en video y difundido en redes sociales.
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Desde su desaparición, Artículo 19 exigió a las autoridades federales y estatales “actuar con la máxima diligencia y coordinación para garantizar su pronta localización con vida”.
“Solicitamos que su labor periodística sea considerada como una línea prioritaria de investigación y que se aplique el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión”, publicó la organización en sus redes sociales.
A esta demanda se sumó AI, al señalar que el Gobierno de México tiene “la obligación de actuar de manera inmediata”, así como “proteger su integridad y esclarecer los hechos”.
“El secuestro de una periodista no solo pone en riesgo su vida, libertad e integridad; también representa una amenaza a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a estar informada”, publicó AI en su cuenta oficial de X.
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Por su parte, RSF advirtió que Nanchital es un punto rojo para ejercer el periodismo y que Guzmán -desde su medio informativo, con cerca de 20.000 seguidores- difundía temas delicados relacionados con la política municipal, secuestros, desapariciones y denuncias ciudadanas en Veracruz, una de “las regiones más peligrosas del mundo para la profesión”.
“Dada la naturaleza de sus reportajes y el contexto en el que trabaja, sus actividades periodísticas recientes deben considerarse una línea prioritaria de investigación”, afirmó -en un comunicado- el director de RSF para América Latina, Artur Romeu.
La organización también confirmó que la Fiscalía General del Estado de Veracruz abrió una investigación y desplegó a fiscales, peritos y agentes de la policía ministerial, así como elementos de la Marina y la Guardia Nacional.
RSF detalló que, tras el secuestro de Guzmán, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz (CEAPP) envió un equipo al lugar para brindar apoyo a su familia.
Además, la ONG precisó que, según medios nacionales, la periodista ya había solicitado ayuda a la CEAPP después de denunciar un presunto acoso por parte de un funcionario municipal.
Así mismo, RSF destacó que Carlos Fernández Escalante, pareja de Guzmán, fue asesinado a tiros en Nanchital en 2017, por lo que la periodista pasó varios años fuera de Veracruz.
Según la organización, al menos veintiocho periodistas se encuentran actualmente desaparecidos en México, una de las manifestaciones más extremas de la violencia contra el derecho a informar; además, el país ocupa el puesto 122 entre 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de RSF.
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