EEUU investiga a dos gobernadores mexicanos del oficialismo por supuestos vínculos con el crimen organizado

El Gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores Alfonso Durazo, del estado de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, del de Tamaulipas, ambos del partido de Morena de la presidenta, Claudia Sheinbaum, por supuestos vínculos con el crimen organizado, sumándose así a otras denuncias presentadas por Washington contra altos funcionarios del oficialismo, que enmarca esto en una campaña para intentar interferir en las elecciones de 2027.

A Durazo se le vincula con el crimen organizado, mientras que a Anaya con el contrabando de combustible, que en México se conoce como 'huachicol', según una investigación del diario 'Los Angeles Times' y la ONG periodística Puente News Collaborative, que han accedido a fuentes familiarizadas con estos dos casos.

A los dos se les retiró el visado para viajar a Estados Unidos, un asunto que desde el Gobierno de Sonora han desmentido. "Es completamente falsa la información publicada" y Durazo "no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades" de ese país, ha rechazado la secretaria de Comunicación, Paloma Terán.

En esa línea se han manifestado desde el estado de Tamaulipas. "Son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde. No hay documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que acredite lo publicado", han remarcado las autoridades del estado.

A la espera de más detalles sobre esta investigación, estos señalamiento se suman a otra retahíla de acusaciones que Washington viene lanzando contra altos cargos de México, como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a Rocha Moya y otros nueve funcionarios de colaborar con el Cártel de Sinaloa para introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina en el país, reclamando su extradición.

Rocha Moya ha sido retirado del cargo de gobernador de manera provisional mientras avanza la investigación en México, cuya presidenta ha rechazado extraditar a ninguno de ellos por falta de pruebas. En ese sentido, ha denunciado que estas maniobras son pura injerencia para influir en las elecciones.