La causa argentina por delitos de lesa humanidad en Venezuela en cinco claves

Natalia Kidd

Buenos Aires, 1 jun (EFE).- La solicitud de extradición por parte de un juez de Argentina a las autoridades españolas del excoronel venezolano Ephraín Enrique Verdú Torrelles, exmiembro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), abre un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia por las víctimas de delitos de lesa humanidad del país caribeño.

Estas son cinco claves de la causa judicial en Argentina:

La causa por delitos de lesa humanidad en Venezuela es tramitada por el Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Sebastián Ramos, con intervención del fiscal federal Carlos Stornelli.

La investigación se abrió en los tribunales argentinos sobre la base de la jurisdicción universal, principio que permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos independientemente de dónde se hayan cometido y de la nacionalidad del autor o de la víctima.

El 18 de enero de 2023 el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) -que integran políticos, diplomáticos, periodistas, académicos y defensores de derechos humanos argentinos- presentó en la Justicia Federal de Argentina una denuncia penal contra el Gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

La FAAD amplió su denuncia el 14 de febrero de 2024, al incluir, entre otros, el caso de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, quien fue detenida arbitrariamente por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando salía de viaje junto a su hija. San Miguel fue sometida a desaparición forzada y llevada al centro de detención El Helicoide.

En septiembre de 2024 el juez Ramos ordenó la captura internacional de Nicolás Maduro; de su ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello; del excomandante de la GNB Justo José Noguera Pietri y otros trece funcionarios.

El 4 de febrero de 2026, justo un mes después de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, el juez Sebastián Ramos solicitó a la Administración estadounidense que el expresidente venezolano sea extraditado a Argentina.

El 14 de junio de 2023 la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ, por sus siglas en inglés) presentó otra denuncia ante la Justicia Federal argentina, pidiendo que se investiguen violaciones a los derechos humanos en Venezuela por parte de las fuerzas de seguridad.

Esta denuncia se centró en el caso de dos víctimas de homicidio, cuya identidad, en principio, no se reveló para proteger a sus familias.

Este lunes se supo que uno de esos casos es el de Geraldin Moreno Orozco, una estudiante y jugadora de fútbol sala de 23 años, que fue asesinada a tiros por agentes de la GNB el 19 de febrero de 2014 en el estado de Carabobo durante una manifestación.

El otro caso es el de J.A.M.F. (cuya identidad no ha trascendido para proteger a sus familiares), quien el 19 de febrero de 2014 registró con su móvil la represión de una protesta, fue golpeado y murió días después por esas lesiones.

Entre los acusados por estos hechos están 14 oficiales de la GNB, entre ellos el excomandante Noguera Pietri.

El patrocinio legal de los querellantes en estos expedientes fue asumido desde 2026 por la organización no gubernamental InterJust.

Uno de los denunciados por el crimen de Geraldin Moreno Orozco es Verdú Torrelles, quien se desempeñaba como comandante del destacamento de Seguridad Urbana del estado de Carabobo y que estaba al frente del operativo por las protestas al momento del homicidio de la joven.

En febrero de 2026, tras recibir información de InterJust -ONG especializada en casos de justicia universal-, que indicaba que Verdú Torrelles estaba en España, el Justicia argentina emitió una solicitud de extradición.

Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina transmitió formalmente la solicitud a las autoridades españolas y en marzo de este año el Consejo de Ministros español aprobó la continuación del proceso, según InterJust.

El trámite se encuentra ahora en el Juzgado de Instrucción del Tribunal Central de Instancia número 2 de la Audiencia Nacional española.

El 26 de febrero de 2024, Amnistía Internacional se presentó ante la Justicia argentina para respaldar a los querellantes en su pedido que se investiguen las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

A través de una intervención como 'amicus curiae' (amigo del tribunal), Amnistía Internacional sostuvo que la Justicia argentina es plenamente competente para investigar, perseguir y sancionar penalmente a los responsable de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

Este lunes, la organización defensora de los derechos humanos pidió colaboración entre Argentina y España para que esta causa llegue a buen puerto y las víctimas puedan tener justicia. EFE