Nueva York adopta medidas para fortalecer la protección de los inmigrantes, tras auditoría

Nueva York, 22 may (EFE).- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, adoptó este viernes una serie de recomendaciones presentadas por agencias de la ciudad que han sido sometidas a una auditoría para proteger a los inmigrantes, ante los insistentes reclamos de cooperación por parte del Gobierno federal.

Las recomendaciones están contenidas en el informe "Executive Order 13 Audit" (Auditoría de la Orden Ejecutiva 13) y se refiere a la orden firmada por Mamdani el pasado 6 de febrero, "Protección de los neoyorquinos frente a la aplicación abusiva de las leyes de inmigración".

Esa orden estableció el Comité Interinstitucional de Respuesta (IRC), entidad que realizó la auditoría con miras a una respuesta uniforme ante situaciones de crisis y pidió a las agencias locales informar acerca de cualquier interacción con agencias federales de inmigración.

Nueva York es una de varias "ciudades santuario" en Estados Unidos que se niegan a cooperar con las agencias de inmigración a menos que exista una orden judicial y que han sido blanco de redadas y otras acciones.

El informe recuerda que casi un 40 % de la población que llama a Nueva York hogar nació en el extranjero y la cifra supera el 60 % si se incluye a sus hijos.

Entre el 20 de enero de 2025, cuando Donald Trump asumió su segundo mandato, y el pasado 10 de marzo, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a 5.567 personas en Nueva York, un alza de un 71 % en comparación con ese mismo periodo en la pasada Administración del presidente Joe Biden.

Más de la mitad de esos arrestos fueron en el tribunal de inmigración 26 de Plaza Federal, lo que ha sido denunciado ampliamente, y el más reciente fue el pasado 19 de mayo, al violar la orden de un juez federal que prohíbe arrestos en o cerca de los tribunales.

La auditoría mostró que ICE intensificó su vigilancia sobre los albergues, que aumentó "drásticamente" las solicitudes de retención hechas al Departamento de Corrección y a la Policía, y que recurrió a otras "tácticas agresivas y engañosas", entre otras cosas.

Entre las denuncias, la auditoría destaca que el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar informó que los agentes visitaron sus refugios trece veces.

El Departamento de Corrección recibió por parte de ICE 895 solicitudes (120 % más que en 2024) para retener a individuos hasta 48 horas luego de ser liberados y notificar previamente la fecha al Departamento de Seguridad Nacional.

Por su parte, la Policía recibió 3.672 solicitudes de detención en 2025, una cantidad inmensamente mayor a las 94 de 2024, aunque no atendió esa misma cantidad de reclamos, según el reporte de la auditoría.

Entre las recomendaciones, se destaca que si hay una llamada al 911 relacionada con la presencia de agentes de inmigración, la División de Comunicaciones tiene la obligación de notificar el caso a los niveles más altos del Departamento de Policía, que deberá enviar a un oficial para supervisar la situación.

En la misma vía, el Departamento de Servicios Sociales reescribirá los manuales de entrenamiento para que ningún empleado ceda ante "órdenes administrativas" de ICE y que su personal exija la orden de un juez.

Igualmente, se prohíbe que ICE use los estacionamientos o terrenos de la ciudad como bases operativas para las redadas.

 Otro punto importante adoptado por Mamdani es que se ordena al Departamento de Corrección que no emita más informes a ICE sobre la nacionalidad de los detenidos.

Además, se adoptó un estricto control sobre los contratistas tecnológicos para evitar el espionaje digital de las comunidades inmigrantes.

"Las políticas de santuario de Nueva York definen nuestra ciudad y son esenciales para la seguridad pública y la confianza de la comunidad", indicó la entidad Legal Aid, que acogió con beneplácito la iniciativa.

Legal Aid recordó que cuando los inmigrantes temen interactuar con las agencias municipales pueda exponerlos a leyes federales de inmigración, "comunidades enteras se vuelven menos propensas a buscar atención médica, a acceder a servicios esenciales, a enviar a sus hijos a la escuela y a participar plenamente en la vida cívica".