Una contrapericial de las defensas desdice a Aduanas y no halla descuadre entre la venta y compra de féretros

Una contrapericial presentada este lunes por las defensas en el denominado 'caso ataúdes' establece, a modo de conclusión, la coincidencia entre el número de féretros adquirido y vendido por el grupo funerario El Salvador entre 1995 y 2015, afirmación que contradice de plano el informe expuesto la pasada semana por la Unidad de Vigilancia Aduanera, según el cual existiría un "descuadre" de 4.552 cajas en el capítulo de compras por parte de la mercantil que hubiera hecho imposible la prestación del servicio durante esos veinte años.

En una nueva jornada de este maratoniano juicio que no concluirá hasta el próximo mes de junio, los abogados de las 23 personas encausadas, entre los dueños y trabajadores de El Salvador-Funeraria Castellana, han llevado a la Audiencia de Valladolid un contrainforme elaborado por David Ricardo P.B, doctor en Derecho y Economía, en el que el perito viene a certificar que la mercantil investigada adquirió tantos ataúdes como luego vendió en los más de 28.000 sepelios que concluyeron en incineración.

El experto ha tratado de desmontar el informe incriminatorio de la Unidad de Vigilancia Aduanera, según el cual El Salvador habría simulado la compra de un total de 4.552 cajas--no las necesitaba si, presuntamente, reutilizaba buena parte de las mismas--al sostener David Ricardo P.B. que "las cifras cuadran en contabilidad", en referencia, ha insistido, "en que coincide" el número de ataúdes adquiridos a distintos proveedores y el de vendidos a los familiares de los difuntos.

En su declaración, recogida por Europa Press, el perito achaca la disparidad de criterio entre su informe y el de Aduanas en el hecho de que los autores de este último han cometido "un grave error metodológico", ya que parten del dato de "existencias cero" en los almacenes de El Salvador, cuando, según sus cálculos, entre los años 2001 y 2019 ha llegado a haber un almacenaje de más de 3.000 cajas.

El declarante ha puesto como ejemplos las 952 cajas que había en 2019 en las instalaciones de El Salvador cuando la policía explotó la 'Operación Ignis', las 894 halladas en 2014 o las 1.711 almacenadas en 2001, de ahí que el informe de Aduanas halla llegado a conclusiones erróneas, tal y como ha advertido.

De hecho, el perito de las defensas tan sólo viene a coincidir con Aduanas en la cifra de 28.200 féretros vendidos por El Salvador en el periodo investigado, que él reduce a 28.064, pero discrepa frontalmente respecto de ese descuadre en las compras de 4.552 que David Ricardo P.B. sitúa en unos 363, algo que "ni siquiera se puede contabilizar como descuadre material porque supone menos del 0,05 por ciento de diferencia y, además, teniendo en cuenta que se trata de más de veinte años de actividad".

Pese a que Aduanas no reconoce la compra de unos 1.200 ataúdes por falta de soporte material en las operaciones y la de otros 3.300 al entender que las facturas recogidas son "falsas" y que únicamente contienen operaciones por el pago del IVA, el experto ha asegurado, en el primer caso, haber encontrado todas y cada una de las facturas que no fueron capaces de hallar los miembros de dicha Unidad de Vigilancia y, en el segundo, ha defendido la realidad de dichos documentos contables.

A este último respecto, el declarante ha explicado que es frecuente anticipar el pago del IVA, sobre todo cuando hay cierta "confianza" entre comprador y proveedor, para más tarde realizar el pago de la factura.

"Si únicamente hubiera un pago por IVA, lo normal es que tarde o temprano el proveedor dejara de suministrar la mercancía", ha advertido el perito, quien también ha recordado que en el presente caso tanto El Grupo El Salvador como uno de sus principales suministradores de cajas, Victorio Senovilla, también encausado, han sido sometidos a inspecciones de la Agencia Tributaria, sin que en ninguno de los casos se haya detectado la emisión de facturas falsas que, de haberse acreditado, habría concluido con sanciones económicas muy importante.

En su exposición del contrainforme, el perito también ha destacado la ingente documentación, "una barbaridad", hallada en la empresa investigada. "En toda mi vida profesional jamás he visto que una empresa guarde documentación a lo largo de treinta años, lo normal es que se destruya, aunque también es cierto que la misma estaba muy desordenada", ha concluido.

NO ACREDITADO EL DAÑO PSICOLÓGICO A LOS AFECTADOS

La jornada ha contado también con otra pericial propuesta por las defensas y que ha llevado al forense y criminólogo vallisoletano Aitor C. a descartar la posibilidad de que los familiares de los difuntos puedan percibir indemnizaciones por posibles daños físicos, psicológicos o morales sufridos tras conocerse incluidos en la lista de afectados por el 'caso ataúdes'.

En su exposición de motivos, Aitor C. ha recordado que no constan informes médicos que acrediten tal afectación en forma de lesiones o secuelas. "Yo, al menos, no los he visto", ha apuntado el perito, quien ha insistido en que aplicando el baremo utilizado para los casos de accidentes de tráfico, en esta causa no ha lugar a posibles indemnizaciones porque no se ha acreditado una relación de "causalidad" entre los hechos investigados y posibles afecciones que, como ha insistido, no figuran en informe alguno.

Por tal motivo, entiende que no sería lógico indemnizar con 3.000 euros por cada difunto, "yo no lo veo", ha apuntado, si bien, con carácter subsidiario, el experto ha dejado abierta la puerta a posibles compensaciones de entre 100 y 200 euros, resultante de aplicar como baremo de tres a seis días de perjuicio básico, para aquellos perjudicados, una docena, que hayan podido ver a sus difuntos en las fotografías exhibidas y puedan haber experimentado algún tipo de afectación psicológica que en todo caso entiende que sería "transitoria".

El juicio prosigue este martes con más periciales y no será hasta el miércoles cuando comiencen a declarar los encausados y se reproduzcan en sala los testimonios del que fuera fundador del grupo El Salvador, Ignacio Morchón Alonso, y el extrabajador de dicha mercantil Justo Martín Garrido, ambos ya fallecidos.