Indígenas, campesinos y sindicalistas asedian La Paz para exigir la dimisión del presidente Rodrigo Paz

Este lunes ha llegado a La Paz procedente del altiplano boliviano una marcha de miles de activistas sociales, indígenas y sindicalistas en el marco de la huelga general contra el presidente boliviano, Rodrigo Paz, y sus políticas en la denominada "Marcha por la Vida para Salvar Bolivia".

Varias columnas han entrado en la capital boliviana tras varios días de marcha y se han dirigido hacia la plaza Murillo, donde está el Palacio de Gobierno, con la intención declarada de forzar la dimisión del presidente Paz y pese a que la sede del poder está blindada con el despliegue de efectivos militares y policiales.

La presencia de las marchas ha derivado en la intervención de las fuerzas de seguridad, que han empleado agentes químicos en forma de gas para dispersar a los manifestantes y por el momento se ha informado de un afectado, aunque en total desde el inicio de las movilizaciones hace ya 15 días serían cuatro los fallecidos, según el balance oficial.

Después de casi cinco horas de enfrentamientos con gases lacrimógenos, dinamita, petardos, palos y piedras empleados por marchistas y policías, los activistas se han retirado hacia El Alto y el centro de la ciudad ha recuperado una cierta calma.

Las principales calles y avenidas en torno a la plaza Murillo han quedado los restos de la batalla campal con neumáticos quemados y barricadas instaladas por los manifestantes para enfrentarse a los uniformados. Desde el Ministerio de Gobierno han el asalto y saqueo de varias instituciones públicas, entre ellas, la sede de Derechos Reales.

Las autoridades han emitido además orden de detención contra Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), una de las principales organizaciones convocantes de la movilización y del paro que mantiene bloqueadas La Paz y El Alto desde hace dos semanas.

El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, ha confirmado la emisión de la orden de aprehensión contra Argollo fechada el 17 de mayo por instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y terrorismo. La ejecución de la orden depende ahora de la Policía "para poner a disposición del Ministerio Público a esta persona", ha apuntado Mariaca.

Desde la COB han denunciado la "persecución judicial" e instado a mantener las movilizaciones. "No nos van a doblegar en la lucha que hemos emprendido. Nos están queriendo acallar como dirigencia con acciones populares y demandas penales", ha apuntado el propio Argollo en un mensaje difundido en redes sociales.

También se ha emitido orden de detención contra Justino Apaza Callisaya, dirigente social de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz, acusado de seis delitos tales como instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, financiamiento al terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

CUATRO MUERTOS DESDE EL INICIO DE LAS PROTESTAS

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, ha confirmado este lunes la muerte de una persona que participaba en los bloqueos que mantienen cercada la capital, La Paz, y la cercana ciudad de El Alto, la cuarta víctima desde el inicio de las protestas hace 15 días.

"Hay un fallecido, que es un bloqueador, un mallku (dirigente campesino) de la zona de los Ponchos Rojos, que al correr se cayó en una zanja que ellos mismos hicieron (...). Se cayó en un hueco, fue así de paradójico, y ahí tuvo un golpe mortal y murió", ha explicado Paredes en declaraciones al diario 'El Deber'.

Previamente el portavoz presidencial José Luis Gálvez había identificado al fallecido como Alberto Cruz Chinche. "Queremos ser enfáticos en que su deceso no fue por uso de arma letal o asfixia por gases. Ni siquiera tuvo contacto con ningún miembro de las fuerzas del orden, ni policías ni militares. Nos preocupa que su sensible fallecimiento sea atribuido falsamente al operativo de apertura del corredor humanitario que se hizo" el sábado, declaró Gálvez.

El dirigente campesino es el cuarto fallecido durante el bloqueo indefinido de carreteras que cerca a las ciudades de El Alto y La Paz. La primera muerte contabilizada por las autoridades es la de Anna Enss, una ciudadana extranjera de 56 años de edad procedente de Bélice que falleció por problemas de salud y no poder ser trasladada a tiempo a un hospital.

En similares circunstancias murió Nelly Villanueva. El 14 de mayo se informó de la tercera víctima, una joven de 20 años que murió en El Alto.

Gálvez, el portavoz presidencial, ha denunciado que algunos manifestantes hacen "uso de armas". "Hoy llega a La Paz la marcha de los cocaleros y de Evo Morales. Ese es el hecho noticioso más importante del día, pero queremos denunciar que, lamentablemente, se han identificado que hay grupos que han pasado al uso de las armas y eso sí nos tiene preocupados", ha planteado.

Así, ha mostrado un vídeo de redes sociales en el que se ve a un grupo armado de personas con ponchos rojos en el altiplano. Entre ellos estaría, según Gálvez, Bernabé Gutiérrez Paucara, "exdirector de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa de la pasada gestión".

Gálvez ha advertido que quienes fomenten la violencia y "todo aquel que tenga o sea portador de algún arma o dinamita" serán detenidos por las fuerzas de seguridad. Además, ha destacado que hay un fuerte contingente policial y militar en la plaza Murillo, donde está el Palacio de Gobierno y, según ha revelado, también el propio presidente Paz.

EXCANDIDATO DETENIDO CON EXPLOSIVOS

El viceministro Paredes ha informado también de la detención en la noche del domingo de un antiguo candidato con "explosivos letales" en su poder. "Llevaba en su mochila dinamitas y mechas, es decir, implementos que son letales para cualquier actividad humana", ha asegurado.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre su identidad. "No podemos dar su nombre (y) tampoco mostrar su cara ni su identidad porque el Código Penal establece que debe respetarse un principio de presunción (de inocencia, aunque) en este caso fue hallado en flagrancia", ha argumentado.

Paredes ha reprochado que "mientras el Ejército y la Policía evitan usar armas letales, hay personas que están en los bloqueos, en las marchas, de manera absolutamente delincuencial e ilegal, usando armas letales".

El viceministro ha asegurado por otra parte que están circulando en medio de las protestas grandes sumas de dinero procedentes de Chapare y que están ya investigando para determinar su origen.