Filipinas suspende al jefe de seguridad del Senado tras el tiroteo del miércoles

Bangkok, 15 may (EFE).- Las autoridades de Filipinas anunciaron este viernes la suspensión temporal del jefe de seguridad del Senado tras el tiroteo registrado la noche del miércoles en la Cámara, que coincidió con un supuesto operativo para arrestar al senador Ronald Dela Rosa, en paradero desconocido tras abandonar el jueves el edificio.

La suspensión de Mao Ranada Aplasca, quien ocupaba el cargo desde el lunes, el mismo día que regresó al Senado Dela Rosa tras meses de ausencia en las sesiones del Legislativo, tiene "efecto inmediato" y una duración "no superior a seis meses", apunta en un comunicado la Oficina del Defensor del Pueblo.

"El Defensor del Pueblo ha determinado que la permanencia de Aplasca en el cargo supone un riesgo para la integridad de la investigación en curso sobre los hechos ocurridos el miércoles en Senado", señala la nota.

"Gracias", publicó este viernes Dela Rosa en su perfil de Facebook, compartiendo una publicación sobre el jefe de seguridad ahora apartado, en su primera declaración pública tras salir la madrugada del jueves del Senado.

El senador filipino se había atrincherado desde el lunes en la Cámara para evitar su arresto tras una orden ese mismo día de la Corte Penal Internacional (CPI), que le considera presunto "coautor indirecto" de los crímenes cometidos durante la guerra contra las drogas impulsada por el expresidente Rodrigo Duterte (2016-2022).

La noche del miércoles se registraron varios disparos en el Senado, coincidiendo con un supuesto operativo para arrestar al senador y sin que hasta el momento se haya esclarecido la autoría de los mismos. El presidente filipino, Ferdinand Marcos, el Ejército y la Policía se han desvinculado del incidente.

Horas después de los disparos, Dela Rosa abandonó el edificio por decisión propia, según declaró la víspera el presidente del Senado.

La corte internacional afirma que Dela Rosa, quien ocupó el cargo de jefe de la Policía Nacional entre 2016 y 2018, contribuyó de forma esencial con declaraciones públicas que "autorizaban, toleraban y promovían" los asesinatos durante la guerra contra las drogas.

Según las autoridades filipinas, en la campaña antinarcóticos de Duterte, detenido en 2025 por orden de la CPI y en La Haya a la espera de juicio, fueron asesinadas extrajudicialmente unas 6.000 personas, una cifra que ONG elevan hasta 30.000.

El caso ha agravado la tensión política en Filipinas y dividido al país entre partidarios y detractores del exmandatario.

Aunque Filipinas salió en 2019 del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, la corte afirma que mantiene jurisdicción sobre los hechos ocurridos mientras el país era miembro, ya que la guerra contra las drogas a nivel nacional comenzó en 2016. EFE