Perú aprueba uso de Inteligencia Artificial para proteger a la vicuña de caza furtiva

Lima, 14 may (EFE).- El Parlamento peruano aprobó este jueves una serie de proyectos de ley para implementar inteligencia artificial (IA) en la protección de la vicuña, un camélido suramericano en peligro cuya fibra es una de las más cotizadas y caras del mundo, con el fin de frenar la caza furtiva de la especie.

La presidenta de la Comisión Agraria, Jeny López Morales (Fuerza Popular), defendió la autógrafa de ley, que había sido observada por el Ejecutivo, por la necesidad de incorporar software, hardware, algoritmos y sistemas de vigilancia tecnológica con el fin de fortalecer las tareas de monitoreo, detección y prevención de actividades ilícitas contra la vicuña en las zonas altoandinas.

La legisladora fujimorista aclaró que no genera conflictos de competencia con los gobiernos regionales, ni con las autoridades forestales de fauna silvestre, sino que promueve la articulación interinstitucional y fortalece las acciones de conservación y protección de la vicuña frente a la caza furtiva.

Perú tiene una población de 300.000 vicuñas distribuidas principalmente en las regiones surandinas de Arequipa, Ayacucho y Puno, y su cuidado está a cargo de comunidades campesinas asentadas en estas zonas de altura.

La norma aprobada también estableció el endurecimiento de sanciones frente a circunstancias agravantes vinculadas a la caza furtiva de vicuñas, debido a la gravedad de estos delitos y la necesidad de reforzar la protección de una especie considerada patrimonio natural y estratégico del Perú.

"La propuesta normativa es de alcance nacional y responde a la urgente necesidad de proteger a la vicuña frente al incremento de actividades ilícitas que pone en riesgo su conservación", afirmó López Morales.

La norma agregó observaciones del Ejecutivo referidas a la existencia de regulaciones previamente contempladas en el Código Penal vigente.

La caza furtiva de vicuñas es penada en Perú con un mínimo de tres años de cárcel, pero puede elevarse a 10 años de prisión si se trata de más de 50 ejemplares afectados o los responsables forman parte de una organización criminal. EFE