La edad media de los solicitantes de discapacidad en España envejece y se sitúa en los 55 años, según Derechos Sociales

La edad media de los solicitantes de discapacidad en España envejce y se sitúa en los 55 años, según el 'Estudio exploratorio de la prevalencia y características de la discapacidad en España. Informe de resultados' que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha presentado este martes a través del Real Patronato sobre Discapacidad en el seno de la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Discapacidad.

La investigación ofrece una visión actualizada de la discapacidad reconocida en España y analiza los perfiles sociodemográficos y tendencias observadas en la última década, así como el impacto del nuevo marco normativo introducido por el Real Decreto por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

En concreto, ha sido desarrollado por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca y coordinada por el Centro Español de Documentación e Investigación sobre Discapacidad (CEDID) del Real Patronato sobre Discapacidad, con la participación de 15 comunidades autónomas (CCAA). Según Derechos Sociales, ha incorporado tanto datos agregados de los centros de valoración de discapacidad como entrevistas semiestructuradas a profesionales responsables de estos servicios.

La investigación muestra que el perfil predominante corresponde a personas adultas comprendidas entre los 35 y los 64 años. Aunque la edad media se sitúa en 55 años, hay importantes diferencias territoriales. De esta manera, en CCAA como Galicia, Asturias o Castilla y León la edad media supera los 60 años.

De hecho, las personas de 80 años o más representan más del 42% de las solicitudes en Baleares, el porcentaje más alto del estudio. Mientras tanto, la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia son las comunidades con perfiles relativamente más jóvenes, con una edad media que se sitúa en los 49 años y con los porcentajes más altos entre las personas solicitantes menores de 18 años.

La distribución por sexos es "globalmente equilibrada", si bien hay un "ligero predominio femenino" en la mayoría de CCAA. En este sentido, Galicia presenta el porcentaje más alto entre las mujeres, mientras que Baleares registra el mayor porcentaje entre los hombres. Aún así, el informe incide en que las diferencias territoriales por género "son mucho menos pronunciadas que las observadas en la edad".

Respecto a la nacionalidad, los resultados muestran que la mayoría de las personas solicitantes (más del 90% en la mayoría de CCAA) tienen nacionalidad española.

PERFILES "MÁS COMPLEJOS Y MULTIDIMENSIONALES"

En relación con el tipo de discapacidad, el estudio señala que la física es la categoría alegada con mayor frecuencia en la mayor parte de los territorios en el momento de iniciar la solicitud. Sin embargo, detecta también un incremento de situaciones vinculadas a la salud mental y a perfiles "más complejos y multidimensionales".

Pese a que este parámetro presenta disparidades territoriales en los sistemas de registro, la discapacidad mental o psíquica tiene un peso cada vez más relevante y creciente en varias comunidades autónomas y alcanza porcentajes especialmente altos en Galicia (40,9%), La Rioja (34,8%) o Murcia (28,7%).

A juicio de Derechos Sociales, estos datos reflejan un cambio en los perfiles de la discapacidad valorada en España, donde ya no se considera únicamente la discapacidad congénita, sino también la derivada de factores relacionados con la autonomía, la participación social, las barreras del entorno y las necesidades de apoyo.

"La salud mental adquiere relevancia en la demanda actual, lo que se describe junto al crecimiento de perfiles mixtos o complejos, y sugiere que el sistema no está atendiendo solo a más casos sino también casos con configuraciones funcionales y sociales más heterogéneas que exigen respuestas menos estandarizadas", explica.

Por esta parte, explica que los profesionales que han participado en la investigación confirman que en los últimos años se ha producido una transformación significativa en los perfiles de las personas solicitantes. En concreto, señalan que ha tenido lugar un claro aumento de solicitudes entre personas mayores, así como un mayor peso de los problemas de salud mental, trastornos del neurodesarrollo en infancia y adolescencia, y perfiles complejos o mixtos.

"Todo ello dibuja un sistema que atiende hoy una demanda más plural y compleja que la de etapas anteriores, y que debe responder no solo a cambios epidemiológicos o demográficos, sino también a transformaciones sociales, institucionales y culturales en la comprensión de la discapacidad", incide.

Derechos Sociales indica que, según el estudio, estas nuevas realidades están incrementando la complejidad de los procesos de valoración. Esto evidencia la necesidad de reforzar los apoyos, adaptar los procedimientos y avanzar hacia modelos de atención "más personalizados, accesibles y coordinados" entre los distintos servicios y administraciones.

A su vez, dice que el informe subraya la relevancia del cambio normativo introducido por el Real Decreto por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad y apunta a la urgencia de seguir fortaleciendo los sistemas de valoración y atención a la discapacidad, reforzando la coordinación territorial, la formación especializada y la disponibilidad de recursos para responder a las nuevas realidades sociales y demográficas.

"La investigación pone de relieve la importancia de avanzar hacia modelos cada vez más centrados en los apoyos, la participación y la calidad de vida de las personas con discapacidad, consolidando una visión de la discapacidad basada en los derechos humanos y en la igualdad efectiva", destaca.